II. Juicio de inconformidad. El nueve de julio, la
coalición "Por el Bien de Todos", por conducto de José Enrique Zepeda Sánchez,
quien se ostentó con el carácter de representante propietario de la parte actora
ante el 1 Consejo Distrital en el Estado de Chiapas, promovió juicio de
inconformidad, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo
distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la
pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, y la nulidad de la votación recibida
en las casillas precisadas en la demanda.
III. Recepción de las demandas y turno del expediente. El
catorce de julio del presente año, se recibieron en la Oficialía de Partes de
esta Sala Superior los oficios con los que la responsable remitió los
expedientes administrativos formados con motivo de la promoción de los presentes
juicios, mismos que fueron turnados a esta ponencia por el Presidente de esta
Sala, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
IV. Admisión de la demanda y formación del incidente. Por
auto de treinta y uno de julio de este año, el Magistrado instructor admitió a
trámite la demanda del juicio de inconformidad de mérito.
En la misma fecha, por acuerdo colegiado de esta Sala
Superior, se ordenó formar incidente de previo y especial pronunciamiento, con
la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación de casillas
determinadas, por razones específicas, relativas a inconsistencias en las actas
de escrutinio y cómputo.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción y
es competente para resolver el presente incidente, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción II, y 189 fracción I
inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los
artículos 50, apartado 1, inciso a), en relación con el 53, apartado 1, inciso
a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
en aplicación del principio general de derecho consistente en que lo accesorio
sigue la suerte de lo principal, por tratarse de un incidente en el que se aduce
una pretensión que debe ser resuelta antes que la diversa de nulidad de votación
en casillas, y que la principal de modificación del cómputo distrital, objeto
del juicio de inconformidad 258/2006, pues al ser competente para el
conocimiento de todo el juicio, lo es también para el conocimiento de la parte,
que es la incidencia respectiva.
SEGUNDO. Como se estableció en el acuerdo de Sala
pronunciado en este juicio, esta sentencia interlocutoria se ocupará,
exclusivamente, de la pretensión del nuevo escrutinio y cómputo de votos.
Para estar en aptitud de analizar el planteamiento, es
preciso dilucidar, previamente y de manera clara, el procedimiento de cómputo
distrital.
Al efecto, la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 35 fracción I, 39, 41 y 99 párrafo cuarto, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, 227, 229 y 247 del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
los principios rectores de la materia electoral, permite concluir que el
concepto de errores evidentes en las actas, conforme al cual el Consejo
Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la
votación recibida en las casillas, en términos del inciso c) del apartado 1 del
último precepto invocado, se refiere a los casos en los cuales no haya
concordancia entre los diversos datos que deben quedar asentados en las actas
respectivas, en relación con los votos emitidos. Esto es, cuando haya
discrepancias entre los rubros fundamentales, en los cuales se consignan votos,
relativos a los conceptos siguientes: a) ciudadanos que votaron incluidos en la
lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes de
los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores en
tránsito en casillas especiales; b) total de boletas depositadas en las urnas, y
c) el resultado de la votación emitida; o bien, cuando se haya omitido alguno de
esos datos. Asimismo, cuando las inconsistencias se presenten en relación con la
diferencia entre las boletas recibidas y las boletas sobrantes, también podrá
verificar el contenido del acta, siempre y cuando haya mediado petición de algún
partido inconforme. En el primer supuesto, en que las inconsistencias se
encuentran respecto a votos, el consejo distrital está obligado a realizar el
nuevo escrutinio y cómputo de la votación de la casilla, de oficio, aunque no
medie petición alguna. En el segundo, cuando la inconsistencia está en los datos
relativos a boletas, la obligación surge sólo ante la denuncia de la diferencia
y la petición de recuento, por parte del representante de algún partido político
o coalición.
Lo anterior, porque como la base fundamental de las
elecciones libres y democráticas es el sufragio universal libre, secreto y
directo, resulta importante tener certeza sobre la totalidad de los votos
depositados en las urnas. Uno de los instrumentos diseñados por la ley para
garantizar dicha certeza es el procedimiento previsto para realizar el
escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas, a través del
asentamiento de diversos datos que, correlacionados, permitan corroborar el
sentido del voto en cada casilla.
En efecto, de acuerdo con el artículo 41 constitucional, la
renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal
libre, secreto y directo a que tienen derecho los ciudadanos mexicanos de
acuerdo con el artículo 35, fracción I, de la misma Constitución.
El artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, de la propia Ley
Fundamental establece que la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el
cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una
vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre
la misma.
También, como garantía de la realización de elecciones
libres, auténticas y periódicas, la Carta Magna establece el principio de
certeza como rector de la función estatal de la organización de las elecciones.
La certeza es la clara, segura y firme convicción de la
verdad; la ausencia de duda sobre un hecho o cosa, de acuerdo con el
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas,
(Editorial Heliasta, Tomo II, Argentina, 2003, páginas 130 y 131).
Tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y el
sentido de ellos adquiere relevancia en las elecciones democráticas para
determinar al candidato electo, porque tanto los partidos contendientes como la
sociedad en su conjunto, tienen mayor interés sobre la certidumbre de que el
cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente, y que en verdad la decisión
mayoritaria es la que se advierte en un primer momento o si las posibilidades de
error en el cómputo de varias casillas pudieran llevar, luego de una
verificación o recuento, en los términos previstos en la ley, a un resultado
diferente.
En ese sentido, y de acuerdo con el principio en mención, el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un
procedimiento compuesto por varias etapas sucesivas, con la previsión de
diversos controles, que aseguren, lo mejor posible, la certeza en los resultados
de las elecciones: se trata del escrutinio y cómputo de la votación recibida en
las casillas que, de acuerdo con el artículo 227, 229 y 232 de tal ordenamiento,
consiste en lo siguiente:
1. El secretario de la mesa directiva de casilla cuenta
las boletas sobrantes y las inutiliza por medio de dos rayas diagonales con
tinta; las guarda en un sobre especial, lo cierra y anota en el exterior el
número, lo que tiene el propósito de que no se empleen después o se confundan
con las depositadas en la urna.
2. El primer escrutador cuenta el número de ciudadanos
que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección.
3. Posteriormente, el presidente abre la urna, saca las
boletas y muestra a los presentes que quedó vacía; el segundo escrutador cuenta
las boletas extraídas de la urna.
4. Enseguida, ambos escrutadores, bajo la supervisión del
presidente, clasifican las boletas, para determinar el número de votos emitidos
a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, y el número de votos
nulos.
5. El secretario toma nota en hojas por separado de las
operaciones señaladas en el punto anterior, las verifica, y luego anota en las
actas los resultados, las que se firman por los miembros de la mesa directiva de
casilla y de los representantes de los partidos políticos.
Con esto queda determinado el número de:
a) Boletas sobrantes.
b) Número de ciudadanos que votaron conforme a la lista
nominal.
c) Boletas depositadas y extraídas de la urna.
d) Votos obtenidos por cada partido, candidatos no
registrados y nulos.
e) Además, desde el inicio del acta se asienta el número
de boletas recibidas por el presidente de casilla.
La comparación de todos esos elementos sirve de control o
candado para verificar la correspondencia del número de votos.
6. Por último, el presidente declara los resultados de la
votación, y los fija en el exterior de la casilla.
Como se ve, el procedimiento está compuesto por etapas
sucesivas, que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos
entre una y otra, con el objeto común de lograr el conteo exacto de los votos;
en cada una de esas etapas intervienen destacadamente uno o varios de los
funcionarios de la casilla, para obtener y constatar el resultado, lo que
constituye una forma de control de la actividad de uno por los demás, así como
por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y
un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus
actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada
fase, una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias.
Por esta razón, la concordancia de los resultados anotados en
los diversos espacios contenidos en el acta de escrutinio y cómputo sirven como
prueba de que esa actuación electoral se llevó a cabo correctamente. Dicha
concordancia se presenta si coinciden el número de ciudadanos que acudieron a
votar conforme a la lista, con el número de boletas sacadas de la urna, con la
suma de los votos clasificados para cada uno de los partidos, los candidatos no
registrados y los nulos.
Ahora bien, el mismo principio de certeza que rige durante la
jornada electoral en el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos
emitidos en las casillas, continúa vigente durante el cómputo que cada consejo
distrital electoral hace, de la votación que se reporta en las actas levantadas
en tales casillas.
En ese punto es importante tener en cuenta, que a pesar de
todos los instrumentos de control establecidos en la ley, que han sido descritos
en relación con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en cada casilla,
puede suceder que en el momento en que el consejo distrital efectúe el cómputo
distrital mencionado, se encuentre con algunas situaciones que pongan en duda la
certeza de la votación recibida en tales casillas y que, en consecuencia, deba
tomar las medidas necesarias para asegurarse de que dicho elemento de certeza no
se pierda.
Al respecto, el artículo 247 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé una serie de pasos a seguir,
los cuales funcionan nuevamente como instrumentos de control, que permiten
evitar, en la mayor medida posible, que la certeza en el resultado de la
votación emitida en casilla se vea afectada.
Así se tiene que, en dicha disposición legal se prevé el
procedimiento a cargo de los consejos distritales, consistente en lo siguiente:
a) Separarán los paquetes que contengan los expedientes
de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, de aquellos que
sí tengan muestras de alteración exterior.
b) Abrirán los paquetes que contengan los expedientes de
la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo para obtener de
ellos, el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.
c) En el orden numérico de las casillas del distrito
electoral de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y
cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta
que obre en poder del Presidente del Consejo Distrital.
d) Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de
tales actas coinciden, se asentará ese resultado en las formas establecidas para
ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.
e) Si los resultados de las actas señaladas en el inciso
c) no coinciden, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la
casilla.
f) Si se detectaren alteraciones evidentes en el acta que
obra en poder del Presidente del Consejo Distrital y o en la que obra en el
expediente de casilla, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de
la casilla.
g) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el
expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo
Distrital, se deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.
h) Cuando existan errores evidentes en las actas,
el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo
señalado en el inciso anterior.
i) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de
alteración exterior y se realizarán, según sea el caso, las operaciones
señaladas en los incisos anteriores, lo cual se hará constar en el acta
circunstanciada respectiva;
j) La suma de los resultados, después de realizar las
operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo
distrital de la elección de Presidente, el cual se asentará en el acta
correspondiente.
Las hipótesis consistentes en que: 1. El acta de
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de la casilla no coincida con
los resultados del acta que obra en poder del Presidente del Consejo Distrital;
2. En tales actas se detecten alteraciones evidentes que generen duda
sobre el resultado de la votación en la casilla y 3. No existiere el acta
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del
Presidente del Consejo explican por sí solas, la obligación de los Consejos
Distritales, de proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida
en la casilla de que se trate, puesto que en todos esos casos se pone en duda la
certeza de dicho acto.
Ahora bien, en el caso concreto, el punto a dilucidar
consiste en establecer, cuándo se está ante la existencia de los errores
evidentes en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las casillas a
que se refiere el artículo 247, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y bajo qué condiciones, el Consejo
Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo señalado en
el párrafo anterior.
Para ello se debe partir de que lo evidente es lo palpable a
simple vista, verificable de manera inmediata, sin necesidad de hacer mayores
operaciones intelectuales.
En ese sentido, por errores evidentes en las actas de
escrutinio y cómputo debe entenderse cualquier inconsistencia que se advierta de
la simple comparación entre los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en
la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los representantes
de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta de electores
en tránsito en casillas especiales; total de boletas depositadas en la
urna y los resultados de la votación, o en los rubros de boletas entregadas
en la casilla y boletas sobrantes; por ejemplo, que alguno de los rubros se
encuentre en blanco, la discrepancia numérica de los que deben coincidir,
etcétera. Todo esto, una vez que el consejo distrital haya hecho alguna
verificación para tratar de corregir o subsanar la inconsistencia encontrada, a
través de algunos elementos oficiales a su alcance, sin necesidad de recontar
todavía los votos, como la lista nominal de electores usada el día de la jornada
electoral, donde se marque a los ciudadanos que acudieron a votar, o bien, el
acta de la jornada electoral para verificar cuántas boletas fueron recibidas,
como se verá más adelante.
En efecto, si el órgano electoral encuentra alguna
incongruencia entre los rubros contenidos en el acta, en principio debe tener en
cuenta que están a su alcance, de manera inmediata, ciertos documentos que se
encuentran en el expediente de la casilla electoral, además del acta de
escrutinio y cómputo en casilla, tales como el acta de jornada electoral y la
lista nominal de electores.
Tales documentos constituyen una fuente de información, en la
que los consejos distritales pueden apoyarse para determinar, si la falta de
concordancia encontrada en el acta de escrutinio y cómputo de la votación
recibida en casilla puede ser corregida o no.
El examen de dichos documentos puede conducir a:
a) Que con la subsanación de algún rubro resulten
congruentes todos los datos, y,
b) Que la falta de concordancia subsista después de la
verificación.
En la segunda de las posibilidades señaladas, se constata la
existencia de un error evidente que llevará a hacer un nuevo escrutinio y
cómputo, para preservar la certeza de dicho acto.
Ahora bien, deben distinguirse los casos en los cuales el
Consejo se encuentra obligado a realizar el nuevo escrutinio y cómputo,
oficiosamente, y cuándo atendiendo a una petición de parte.
Cuando los errores atribuidos deriven en términos de votos,
es decir, en las cifras relativas a los rubros de ciudadanos que votaron
incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, los
representantes de los partidos políticos o coaliciones y, en su caso, en el acta
de electores en tránsito en casillas especiales, boletas depositadas en
la urna y los resultados de la votación, los Consejos Distritales
tienen obligación de revisarlos y advertirlos de oficio, y en caso de no
hacerlo, los partidos políticos podrán impugnarlo en el eventual juicio de
inconformidad que hagan valer contra dicha actuación, aun en el caso de que no
lo hubieran pedido o invocado en la sesión de cómputo ante el Consejo Distrital.
Lo anterior tiene sustento en que el objeto primordial del
cómputo distrital es hacer la suma de los votos que correspondan a cada
partido político o coalición en todas las casillas instaladas en el distrito, y
precisamente, en el acta de cómputo distrital de cada elección.
La falta de concordancia entre los rubros fundamentales en
las actas de escrutinio y cómputo de casilla afectaría dicha tarea primordial,
pues ya no se tendría certeza de cuál de los datos es el correcto, de suerte que
amerita que el propio Consejo Distrital verifique esa situación con el nuevo
escrutinio y cómputo de la votación.
En cambio, cuando los errores aducidos provengan de los
rubros de boletas recibidas o sobrantes e inutilizadas, como no
son aspectos relevantes en los cómputos distritales, a los que deban poner
atención preponderantemente los integrantes de los Consejos durante el cómputo
que realizan, sí resulta indispensable que cualquiera de los representantes de
los partidos políticos o coaliciones ante dichos órganos soliciten el recuento
por esos posibles errores. En consecuencia, cuando no hacen esa solicitud ya no
se encuentran en condiciones de formularlo como pretensión en el juicio de
inconformidad.
Al respecto, se tiene en cuenta que las representaciones de
los partidos políticos ante los Consejos Distritales tienen doble función: a)
vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral y b) proteger su
propio interés; por lo cual, debe entenderse contraída una carga para ellos de
intervenir en la sesión para solicitar el recuento, al momento de analizar el
acta de escrutinio y cómputo de la casilla respectiva. Además, de cualquier
modo, los rubros de boletas son datos consignados en las actas de escrutinio y
cómputo, que pueden revelar la existencia de un error, por lo cual, ante la
petición de los representantes de partido político, el órgano electoral estaría
constreñido a hacer la verificación correspondiente.
A continuación se examinarán los planteamientos de la
coalición actora, en relación con su petición de nuevo cómputo de la votación
recibida en las casillas a efecto de establecer si el consejo distrital debió
efectuar dicho nuevo cómputo o no y, en su caso, ordenar que se efectúe dicho
acto.
Por el contenido de la demanda se puede advertir que la
pretensión de recuento se relaciona con inconsistencias en las actas de
escrutinio y cómputo consideradas en el cómputo distrital, como causa de pedir,
a que se refiere el artículo 247, apartado 1, inciso c), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales como error evidente.
En la demanda se advierte una pretensión general de nuevo
escrutinio y cómputo, sin embargo, dicha pretensión sólo se actualiza cuando la
causa de pedir se sustenta en la existencia de errores evidentes en las actas de
escrutinio y cómputo, no así cuando los hechos sustento de la pretensión se
hacen consistir en situaciones ajenas a las consignadas en dicha acta, por
ejemplo, cuando se involucran hechos subsumibles en causales de nulidad diversas
a la de error o dolo en el cómputo de los votos.
Por lo anterior, no serán materia de análisis, en la
pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, las dos casillas cuya causa de
pedir deriva de la indebida integración de los funcionarios de la casilla; por
tratarse de situaciones ajenas a las consignadas en las actas, y de ahí que no
pueden servir de base para un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida
en ellas.
Precisado lo anterior, esta Sala Suprior concluye que la
pretensión de apertura de paquetes electorales y repetición del escrutinio y
cómputo es inatendible, en razón de las consideraciones siguientes.
La pretensión para que se lleve a cabo un nuevo escrutinio y
cómputo se sustenta en los siguientes motivos de inconformidad:
De lo expuesto se tiene que, en la última parte del apartado
primero (en donde un recuadro hace referencia a la causa de nulidad prevista en
el artículo 75, apartado 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral) y en el tercero del pliego de agravios,
relativo a las irregularidades ocurridas en el "ámbito local", se plantea la
trasgresión al procedimiento de cómputo distrital, por parte del consejo
responsable, pues se dice que se inobservó con lo señalado en el artículo 247,
apartado 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Lo anterior porque, se sostiene, los consejeros electorales
actuaron por "consigna", ya que a pesar de que "un significativo número de actas
de escrutinio y cómputo de casillas presentaban errores evidentes, como son la
discrepancia entre los rubros del total del resultado de la votación, con el
total de boletas depositadas en las urnas, y con el total de boletas recibidas
para la elección de Presidente", únicamente aprobó la apertura de un paquete
electoral.
La promovente también aduce que el consejo responsable,
durante la sesión de los cómputos, se limitó a dar lectura de las cantidades
asignadas a cada uno de los partidos políticos, coaliciones, candidatos no
registrados y votos nulos, a pesar de haber detectado algunas discrepancias,
conducta con la cual, agrega, se violenta el principio constitucional de
certeza, al generarse duda en relación con el cómputo distrital reclamado, y por
ende, en el resultado final de la elección.
El planteamiento es inatendible, dado que la actora omite
individualizar las casillas que asegura presentaban inconsistencias numéricas
respecto de la votación recibida y su sentido, y en qué consistía cada una de
tales anomalías, extremo indispensable para que esta Sala Superior estuviera en
aptitud de pronunciarse sobre el particular.
En efecto, el artículo 9, apartado 1, inciso e) de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que
en el escrito de demanda deben expresarse los hechos en que se basa la
impugnación, en tanto que en el artículo 15, apartado 1 del mismo ordenamiento
se dispone que sólo los hechos controvertidos son materia de prueba. Esto
implica que en el juicio de inconformidad, el actor debe expresar los hechos en
que sustenta su pretensión, para que en función de lo que acredite pueda haber
lugar a que se acoja su pretensión.
En congruencia con lo anterior, el artículo 52, apartado1,
incisos c) y d) de la ley en cita, impone a los promoventes de los juicios de
inconformidad, la carga procesal de individualizar las casillas objeto de
impugnación y, en su caso, el señalamiento concreto del error aritmético que se
alegue.
En estas condiciones es evidente, que si no se exponen hechos
concretos, no se individualizan las casillas ni se señala en que consisten los
errores o inconsistencias, el órgano jurisdiccional no tiene materia para
analizar si cabe o no acoger la pretensión de la parte actora. Además, es claro
igualmente que si no se exponen hechos no hay materia de prueba, y por lo tanto,
en caso de que se aporten elementos probatorios, éstos serán inconducentes, al
no existir afirmaciones que respaldar.
Por lo tanto, es la parte actora quien tiene la carga
procesal de expresar los hechos en que sustenta su pretensión, sin que sea
suficiente para tener por cumplida dicha carga procesal, la circunstancia de que
ofrezca ciertos medios de prueba.
En el caso, como se dijo, la actora no expresa cuáles son las
casillas en las cuales se presentaron las inconsistencias a que se refiere, ni
identifica de forma individualizada los errores apreciados en cada caso, toda
vez que se limita a argüir genéricamente la existencia de inconsistencias en el
cómputo de los votos, con lo cual incumple con la carga procesal de expresar con
claridad los hechos en los cuales sustente su pretensión.
En tal virtud, el estudio de los elementos de convicción que
en su caso existan resulta intrascendente al no haber materia de prueba, por la
generalidad e imprecisión de las alegaciones en estudio.
No obstante lo anterior, es oportuno resaltar que la lectura
de la copia simple del acta circunstanciada de la sesión de los cómputos
distritales (aportada por la parte actora, y tal virtud, como su ofrecimiento
implica el reconocimiento de su contenido, surte efectos probatorios plenos en
su contra) hace patente que fueron cuatro, y no una, las casillas en las cuales
se realizó el recuento de los votos, a saber, 193 B, 482 C2, 963 EXT 1 y 1471
EXT 1, todas ellas porque se advirtieron errores evidentes en las cantidades
asentadas. Así mismo, en el acta se precisa que el cómputo se efectuó sin ningún
incidente, y para constancia, el instrumento fue firmado por los consejeros
electorales y los representantes de los partidos y coaliciones, entre ellos,
José Enrique Zepeda Sánchez, quien comparece en este juicio en representación de
la coalición promovente.
Tampoco pasa inadvertido que en el apartado de pruebas del
escrito inicial, específicamente bajo el numeral 6, se ofrecen las actas de
escrutinio y cómputo en las que supuestamente se reflejan los errores evidentes,
para con ellas acreditar el incumplimiento del artículo 247, apartado 1, inciso
c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte
del consejo responsable, sin embargo, en los espacios destinados a indicar el
número de actas y las casillas a las cuales corresponden éstas, únicamente se
testó con una línea los espacios en blanco.
En las relatadas condiciones, dado lo inatendible del
planteamiento, la solicitud relativa a que esta Sala Superior ordene la
"revisión" de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla,
carece de todo sustento en que apoyarse.
Por tanto, lo conducente es desestimar la petición de un
nuevo escrutinio y cómputo.
Por lo expuesto y fundado, se:
R E S U E L V E
ÚNICO. Es infundado el incidente derivado el juicio de
inconformidad 258/2006, promovido por la Coalición "Por el Bien de Todos".
Notifíquese. Personalmente, a la coalición actora y al
tercero interesado, en los domicilios señalados para tal efecto; por oficio,
al Consejo Distrital 01, con cabecera en Palenque, Chiapas, y al Consejo
General del Instituto Federal Electoral, acompañando sendas copias de la
presente resolución, y por estrados, a los demás interesados. Todo de
conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27, 28 y 93, apartado 2,
incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados
que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Conste.
