SEGUNDO. Juicio de inconformidad. El ocho de julio,
Rafael Orozco Domínguez, en representación de la Coalición Por el Bien de
Todos, promovió juicio de inconformidad contra ese resultado.
El 01 Consejo Distrital responsable remitió a este órgano
jurisdiccional la demanda, el expediente del cómputo distrital, su informe
circunstanciado y las constancias de publicitación de la demanda origen del
juicio.
El turno del asunto, para su substanciación, correspondió al
magistrado Leonel Castillo González, quien lo radicó el veintinueve de julio.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala
Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción II, y 189
fracción I inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
así como el 53, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad,
promovido contra el resultado consignado en el acta de cómputo distrital de la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Resulta improcedente el juicio de inconformidad,
al no estar satisfecho el requisito especial de procedencia, previsto en el
artículo 52, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, relativo a mencionar, individualizadamente,
las casillas cuya nulidad se solicita y las causas fundantes de la pretensión.
Tratándose de la impugnación de los resultados consignados en
las actas de cómputo distrital, en la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, el artículo 52, apartado 1, inciso c), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé, como requisito
especial de la demanda, la obligación para el impugnante de mencionar,
individualizadamente, las casillas cuya nulidad solicita y la causa de tal
pretensión en cada una de ellas, así como los hechos que lo motivan.
Para la satisfacción de esa obligación, no basta con señalar,
de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral
existieron irregularidades en las casillas, pues con esa sola mención, no es
posible identificar cuáles mesas de votación, del universo de las instaladas,
son las impugnadas, ni las causas por las cuales se solicita su nulidad, pues
para esto sería necesario proporcionar el número asignado, el tipo de casilla,
por ejemplo básica, contigua o extraordinaria, así como los hechos y razones por
las cuales se estima actualizada alguna o algunas de las causas de nulidad
previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
La exigencia en análisis también tiene por objeto permitir a
la autoridad responsable y a los terceros interesados, exponer y probar lo que
estimen pertinente. Asimismo, la omisión de proporcionar los apuntados
elementos, impide establecer la materia probatoria y, por ende, la oportuna
decisión del juzgador acerca de cuáles medios de convicción guardan relación con
la litis, con lo cual se corre el riesgo de la emisión de sentencias
contradictorias.
Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por
esta Sala, consultable en las páginas 204 y 205 de la Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, publicada por este órgano
jurisdiccional, tomo Jurisprudencia, con el rubro, NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL
ESPECÍFICA.
En el caso, la impugnación del cómputo distrital de la
elección presidencial, llevada a cabo por el 01 Consejo Distrital, se hace
depender de la solicitud formulada por el actor a la autoridad responsable, de
abrir cuarenta paquetes electorales, por haber detectado diversas anomalías, así
como en las doscientas observaciones hechas valer en, aproximadamente,
doscientos paquetes más.
Señalar que se solicitó la apertura de cuarenta paquetes
electorales y de haber formulado observaciones en otros doscientos, no permite
identificar cuáles son las casillas a las cuales pertenecen esos paquetes, así
como tampoco permite conocer, en qué consistieron las invocadas irregularidades
u observaciones, con el fin de ubicarlas en alguna de las causas específicas de
nulidad previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Se tiene en cuenta que el actor vincula su demanda con el
contenido del acta circunstanciada de la sesión del cómputo distrital atinente.
Sin embargo, aún de estimar como parte integrante de la
impugnación, el contenido de ese medio de convicción, tampoco se obtiene de ahí
la identificación de las casillas y las causas de nulidad correspondientes.
Ciertamente, ahí se narra el desarrollo de la sesión del
cómputo distrital cuestionado, previsto en los artículos 245 al 248 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se refiere que, desde su
inicio, acudieron al recinto del consejo distrital, aproximadamente, treinta
personas, entre las cuales se menciona a un candidato de la coalición Por el
Bien de Todos, para exigir la apertura de todos los paquetes electorales
y la obligación de la autoridad responsable de contar voto por voto, lo cual
ocasionó la suspensión de la sesión, por unas horas, para ser reanudada y
finalizada más tarde, en la cual constan las firmas de los representantes
acreditados de los partidos políticos participantes e integrantes del Consejo
Distrital.
La referida narración, si bien menciona que quienes acudieron
a la sesión solicitaron la apertura de todos los paquetes electorales, lo cual,
en principio, podría leerse como la identificación ante esta instancia de que
las casillas impugnadas son todas las instaladas en ese distrito, esto, no es
acorde con el análisis integral de la pretensión del actor, porque en
contradicción con esa lectura, de la demanda se observa que el impugnante se
inconforma por la negativa de la autoridad electoral de acceder a su solicitud
de abrir cuarenta paquetes electorales, o bien, de atender a las doscientas
observaciones formuladas respecto de otras mesas de votación, lo cual implica la
impugnación de un número cierto y determinado de casillas y no de todas las
instaladas.
Asimismo, de estimar impugnadas todas las casillas instaladas
en el distrito, esto tampoco sería suficiente para la procedencia del juicio de
inconformidad, porque en la narración de la sesión nada se menciona acerca del
porqué se solicita la nulidad o recuento de la votación, y, por ende, la
referencia a alguna de las causas de nulidad previstas en el ordenamiento
aplicable, o bien, de los hechos fundantes de la pretensión.
Aún más, de la lectura integral del documento en análisis, se
observa la narración del desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones
de diputados y senadores por ambos principios, así como la declaración de
validez y entrega de la constancia de mayoría de la primera de las mencionadas,
de las cuales tampoco se obtiene referencia alguna a la impugnación de un número
determinado de casillas identificadas y causas de nulidad.
El impugnante también refiere la existencia de escritos de
incidentes respecto de la elección cuestionada, los cuales acompaña a su
demanda, y que, aún de estimarse parte integrante de ésta, no resultan útiles
para la procedencia del juicio porque, en el mejor de los escenarios,
identifican las casillas a las cuales se refieren, esto es, veintisiete mesas de
votación, pero nada aportan respecto a los hechos fundantes de la pretensión de
nulidad, pues tratan, por ejemplo, de la falta de uno de los funcionarios el día
de la jornada electoral y de su sustitución en los términos previstos por la
normatividad aplicable, o bien, de las medidas adoptadas por los encargados de
recibir la votación, para cumplir con sus obligaciones, verbigracia, verificar
los folios de la papelería electoral, las medidas para evitar propaganda
electoral en la casilla, entre otros de similar contexto, por lo cual, no es
posible vincularlos con una causa de nulidad. Además, las veintisiete hojas de
incidentes ofrecidas, son menores a los cuarenta paquetes que asegura la actora
conforman su inconformidad original o de las doscientas irregularidades que
refirió como base de su pretensión en cada casilla, por lo cual, la
inconsistencia del número de mesas de votación entre los escritos, impiden
identificar el requisito especial de procedencia, previsto en el artículo 52,
apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
En consecuencia, lo procedente es desechar de plano el juicio
de inconformidad planteado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 3 del mismo ordenamiento, al derivar la improcedencia de una de las
disposiciones de la ley.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se desecha de plano la demanda promovida por la
coalición Por el Bien de Todos, en contra de los resultados consignados
en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, correspondientes al distrito electoral federal 1, del Estado
de Tamaulipas, con cabecera en Nuevo Laredo.
SEGUNDO. Remítase copia certificada de esta ejecutoria al
expediente que se tramita para efectuar el cómputo final, la declaración de
validez y de Presidente electo.
NOTIFÍQUESE. Personalmente a la parte actora,
en el domicilio de sus oficinas de su representación ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral; por oficio, acompañando copia certificada de
la presente sentencia, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y, por
su conducto, al Consejo Distrital responsable, y por estrados, a
los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en lo que dispone el artículo 60
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En su oportunidad, archívese este expediente como
definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
