La demanda se divide en cuatro apartados. En el primero
subyace la existencia clara de dos pretensiones, un nuevo escrutinio y cómputo
de la votación recibida en las casillas impugnadas, y por otro, la nulidad de la
votación recibida en esas mismas casillas.
En el apartado segundo se encuentra un capítulo denominado
Validez de la elección, donde se solicita que no se declare la validez de la
elección presidencial, por irregularidades cometidas a lo largo del proceso
electoral, que provocaron inequidad en la contienda.
Acumulación. Asimismo, en la demanda se pide la
acumulación de todos los juicios de inconformidad promovidos para impugnar los
resultados de las actas de cómputo distritales efectuadas por los Consejos
Distritales en relación con la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
TERCERO. El Consejo Distrital responsable remitió a esta
Sala Superior la demanda, las constancias de su publicitación, el expediente del
cómputo Distrital, el escrito del tercero interesado y el informe
circunstanciado.
El quince de julio se turnó el expediente a la ponencia del
Magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación.
CUARTO. Substanciación. El dieciséis de julio, el
Magistrado instructor radicó el expediente SUP-JIN-50/2006, y a efecto de
contar con mayores elementos para resolver, mediante ese acuerdo y el diverso de
dieciocho de julio, requirió al Presidente del Consejo Distrital responsable la
remisión de las listas nominales de electores, utilizadas el día de la jornada
electoral, en veinticinco casillas de las impugnadas por error en el cómputo.
En cumplimiento al acuerdo citado, el Presidente del Consejo
Distrital remitió las listas solicitadas, con excepción de tres de ellas, por no
encontrarse dentro de los paquetes electorales.
En esta Sala Superior se recibieron varios escritos con
documentos anexos, a partir del veintiuno de julio, suscritos por Javier Arriaga
Sánchez, como autorizado del Partido Acción Nacional, en términos del escrito de
tercero interesado, mediante los cuales ofreció diversas pruebas documentales,
formuló alegatos e invocó causas de improcedencia del juicio de inconformidad.
También acusó rebeldía a la actora, por no desahogar la vista de falta de
escrito de protesta.
No se tienen por ofrecidas las pruebas ni formulados los
alegatos, por lo siguiente.
De conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son
partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad
responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido
político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o
de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado
de un derecho incompatible con el que pretende el actor.
En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que
el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a
través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente
la legitimación para ello.
Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue
autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de
notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el
inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir
notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación
para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros
ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización
para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las
personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes
cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su
personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en
este caso.
No obsta a lo anterior, que en el último de los escritos,
Javier Arriaga Sánchez se ostentara con la calidad de autorizado en el
expediente y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, del
Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido
político no aparece que tal director tenga facultades para representar al
partido político.
Por la misma razón, tampoco se tienen por hechas las
alegaciones ni se tienen por ofrecidas las pruebas presentadas por Jaime Miguel
Castañeda Salas, quien se ostenta como autorizado para oír y recibir
notificaciones de la coalición Por el Bien de Todos; sin que obste para lo
anterior, que también se ostente como representante suplente ante el consejo
distrital responsable, pues pretende acreditar tal carácter, con una copia
simple de su nombramiento, la cual carece de eficacia probatoria.
No pasa desapercibido el contenido de la tesis de
jurisprudencia de esta Sala Superior: "AUTORIZADO PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE
TAL REQUERIMIENTO", consultable en la página 37 de la Compilación Oficial de
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Sin embargo, ahí se precisó que
dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la
representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor
exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona
autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se
cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no
necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual
definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y
alegar respecto a la procedencia del juicio.
El treinta de julio, el magistrado instructor
admitió la demanda.
Por acuerdo de Sala, de treinta y uno de julio se
declaró improcedente la solicitud de acumulación de los juicios y se ordenó la
formación de un incidente de previo y especial pronunciamiento para resolver la
pretensión de recuento de casillas determinadas, por razones específicas,
correspondientes al Distrito 12, de Veracruz. Veracruz.
En sesión pública de cinco de agosto de dos mil seis,
se emitió sentencia interlocutoria en el incidente donde se ordenó nuevo
escrutinio y cómputo de la votación recibida en veintidós casillas.
En cuanto se recibió el acta circunstanciada de la diligencia
de recuento, la Sala dispuso remitirla al magistrado ponente, para que elaborara
el proyecto de sentencia definitiva, con base en los resultados ahí obtenidos y
las demás constancias de los autos.
El veintisiete de agosto, el magistrado instructor declaró
cerrada la instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado de resolución.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala
Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción II, y 189
fracción I inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
así como el 53, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad,
promovido contra el resultado consignado en una de las actas de cómputo
distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Peticiones que se rechazan o remiten a otro
expediente. Acumulación. La petición de la actora de acumular este
juicio con otros promovidos por ella, se declaró improcedente en el acuerdo
emitido por esta Sala Superior en el expediente SUP-JIN-212/2006, el treinta y
uno de julio de dos mil seis.
Petición de no declarar la validez de la elección. La
actora también formula la pretensión de que no se declare la validez de la
elección presidencial ni la de Presidente electo. Dicha petición se sustenta en
la vulneración a los principios fundamentales de los procesos electorales,
relativos a la libertad, autenticidad y periodicidad de las elecciones, en
virtud de diversos hechos ocurridos durante todo el proceso electoral, así como
en inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.
La pretensión mencionada no se encuentra dentro de las que
pueden ser objeto del juicio de inconformidad, como se demostrará a
continuación.
En el artículo 50, apartado 1, inciso a), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que,
respecto de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio
de inconformidad solamente procede cuando se impugnan, destacadamente, los
resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.
El objeto del juicio, cuando se reclama un cómputo distrital
de elección presidencial, se encuentra constreñido a lo siguiente:
a) Por nulidad de la votación recibida en una o varias
casillas individualizadas, por las causas que establece el artículo 75 de la ley
en cita.
b) Por error aritmético en las operaciones realizadas para
llegar al resultado del cómputo distrital impugnado.
Consecuentemente, este medio de impugnación no se encuentra
contemplado para ventilar cuestiones relativas a la declaración de validez de la
elección presidencial y declaración de Presidente electo de los Estados Unidos
Mexicanos, que corresponde también a esta Sala Superior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 99, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 174 apartado 6, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 186 fracción II, y 189 fracción I inciso
a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, la pretensión, los argumentos conducentes y los
medios de prueba ofrecidos para la finalidad en estudio, sólo podrían tomarse
como el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 8°
Constitucional, por lo cual deben encauzarse para su respuesta a la resolución
que se emita, con posterioridad, para la declaración de validez y de presidente
electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Comparecencia de Alternativa Socialdemócrata y Campesina como
tercero interesado. El diecisiete de julio, Aida Marina Arvizu Rivas,
ostentándose como representante del partido indicado, presentó un escrito con la
calidad de tercero interesado, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.
El escrito debe tenerse por no presentado, en términos de
lo dispuesto en el artículo 17, apartado 5, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque no fue presentado ante la
autoridad responsable.
No obsta para lo anterior la posición de la promovente,
relativa a que no se le dio vista ni corrió traslado con la demanda de
inconformidad, porque la ley mencionada, rectora del trámite, sustanciación y
resolución de este medio de impugnación no prevé dicha vista ni traslado, sino
que, respecto de los partidos políticos prevé una forma singular de vinculación
al juicio, como terceros interesados, consistente en la publicitación que hace
la autoridad responsable en estrados o por algún otro medio que garantice
fehacientemente la publicidad del escrito, al imponer implícitamente la carga
procesal a los partidos políticos interesados en un acto electoral proveniente
de dicha autoridad, de revisar sus estrados.
En el caso, en autos consta que se cumplió con esa actuación
por la responsable, pues obra en el expediente el original del acuerdo de diez
de julio suscrito por el secretario del órgano electoral responsable donde se
acuerda fijar en los estrados del Consejo Distrital una cédula que contenga
copia del acuerdo y de la demanda, así como el original de la cédula respectiva
y de la razón de su fijación en estrados.
TERCERO. Presupuestos procesales y requisitos de la
demanda. En este juicio de inconformidad se encuentran satisfechos los
requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Oportunidad. El Consejo Distrital 12, de Veracruz,
Veracruz, inició y concluyó la sesión de cómputos distritales de las elecciones
federales, a que se refiere el artículo 246 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, el mismo cinco de julio, según se advierte de la
copia certificada del acta respectiva, visible a fojas 72 a la 104.
Por tanto, el plazo de cuatro días para la presentación del
juicio de inconformidad, en términos del artículo 55 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comenzó el seis, y
concluyó el nueve, ambos de julio del presente año.
Luego, al haberse presentado la demanda el nueve de julio,
según la constancia de recibido del Consejo Distrital responsable, su
presentación es oportuna.
Legitimación y personería. El juicio de inconformidad
está promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 54,
apartado 1, inciso a), de la ley en cita, porque lo promueve una coalición de
partidos políticos; y quien comparece en su nombre tiene acreditada su
personería, pues es el representante acreditado ante el órgano electoral
responsable como el mismo lo reconoce en su informe circunstanciado, de acuerdo
con lo previsto por los artículos 13, apartado 1, inciso a), Fracción I, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el 59,
apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el
artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral también están satisfechos, porque en la demanda se advierte
que se precisa la elección y el cómputo distrital que se impugna, se
individualizan las casillas cuya nulidad de votación se pretende, se especifica
la causa de nulidad, y se acompañó el escrito de protesta presentado ante
la responsable, previamente al inicio de la sesión de cómputo distrital.
CUARTO. Causas de improcedencia. En este apartado se
analizará únicamente las causas de improcedencia relacionadas con la materia de
este juicio.
1. Falta de protesta. Tanto el órgano electoral
responsable, como la tercera interesada, hacen valer como causa de improcedencia
la falta de presentación del escrito de protesta de las casillas impugnadas. Al
respecto, en esencia alegan que la actora presentó dos escritos de protesta ante
el Consejo Distrital responsable, uno antes de que diera inicio la sesión de
cómputo distrital, y el segundo, hasta las veintiuna horas cinco minutos del
mismo día de la sesión. Por tanto, indican, el segundo no debe ser considerado,
por haberse presentado fuera de tiempo previsto en la ley. En cuanto al primero,
consideran que no es suficiente para estimar satisfecho el requisito de
procedibilidad, en virtud de que se protestan en forma general, todas las
casillas instaladas en el distrito, y no por las causas de nulidad de la
votación ahora invocadas, sino sólo por considerar que, dentro de los votos
nulos de todas las casillas, se encontraban algunos válidos a favor de la
coalición actora.
Son parcialmente fundadas las alegaciones, pero insuficientes
para estimar improcedente este juicio.
El artículo 55, apartado 1, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé, en lo que aquí interesa, que
el escrito de protesta deberá presentarse ante la mesa directiva de casilla
correspondiente, o bien, ante el Consejo Distrital antes de que inicie la sesión
de cómputos distritales.
En autos consta que dicha sesión comenzó a las ocho horas
diez minutos del cinco de julio, pues así se advierte de la copia certificada
por el Secretario del consejo responsable, a la cual se le concede valor
probatorio pleno en términos de lo establecido en el artículo 16, apartado 2, de
la ley en cita.
El promovente presentó dos escritos de protesta el cinco de
julio, el primero a las siete horas cincuenta minutos y, otro, a las veintiuna
horas cinco minutos.
Dada la extemporaneidad del segundo de los escritos antes
referidos, esta Sala Superior sólo tomará en consideración el primero, para
realizar el estudio de las alegaciones, tanto del consejo responsable como del
tercero interesado, Partido Acción Nacional, y que no son atinentes a la
circunstancia ya evidenciada.
El consejo responsable aduce que el actor se refiere en forma
genérica y no individualizada a las actas de escrutinio y cómputo de las
cuatrocientas treinta y seis casillas instaladas en el distrito; además, no
existe concordancia del motivo por el cual hizo la protesta, relativo a la
incorrecta nulidad de votos en casilla, con las causas por las cuales ahora
impugna la votación recibida.
En primer término, se estima que el hecho de que la protesta
se refiera a todas las casillas, sin individualizarlas, no incumple lo previsto
en el artículo 51 apartado 3 inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
El inciso citado en último término refiere que cuando la
protesta se presente ante el Consejo Distrital, deberán identificarse
individualmente cada una de las casillas que se impugnan, y señalar la elección
que se protesta y la causa por la cual se protesta.
Sin embargo, cuando se protesta un gran número sucesivo de
casillas, o la totalidad de las instaladas, porque a todas ellas se atribuye la
misma causa, para fines prácticos y conforme al principio de economía procesal,
se estima suficiente hacer la mención genérica de todas ellas, sin tener que
precisar cada una, y repetir, en todas, la misma causa de protesta.
Por tanto, si en el caso, la protesta se hizo respecto de
todas y cada una de las 436 casillas que fueron instaladas en este distrito
electoral, por estimar que en todas ellas indebidamente se anularon votos
válidos a favor de la coalición que representa, la protesta cumple el requisito
de la mención de las casillas protestadas.
En segundo término, no es condición necesaria que la protesta
deba guardar relación con las causas de nulidad que posteriormente se hagan
valer en la demanda del juicio de inconformidad, pues ese no es un requisito
legalmente previsto para el escrito de protesta.
En efecto, de acuerdo con el artículo 51, apartado 1, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el
escrito de protesta tiene una doble función: requisito de procedibilidad del
juicio de inconformidad y como medio para establecer presuntas violaciones
durante el día de la jornada electoral. Al hacerse, debe indicarse la casilla
cuestionada, la elección a que se refiere, así como la causa por la cual se
protesta (artículo 51, apartado 3 de la misma ley).
El plazo de presentación de dicho escrito, tiene, con
fundamento en el artículo 51 apartado 4 de la ley en cita, dos momentos, al
término del escrutinio y cómputo ante la mesa directiva de casilla o, como ya
quedó de manifiesto, antes de que inicie la sesión del cómputo ante el Consejo
Distrital.
El lapso para promover el juicio de inconformidad, inicia una
vez concluida la sesión de los cómputos Distritales, pues así lo prevé el
artículo 55 apartado 1 de la ley en comento.
De lo anterior se puede determinar que, al exigirse indicar
la causa por la cual se protestan las casillas, tiene relación con la función
del escrito de servir como medio para establecer la existencia de presuntas
violaciones cometidas durante la jornada electoral.
Como tal, arroja un indicio de las situaciones ahí descritas,
que eventualmente podría servir de sustento dentro de la demanda del juicio de
inconformidad, cuando se hiciera valer alguna causa de nulidad de la votación
recibida en las casillas, cuya comprobación se dará en función de los agravios y
las demás pruebas que se aporten al impugnar.
De igual forma, como requisito de procedibilidad del juicio
de inconformidad, implica que dicho documento, independientemente de su eficacia
probatoria, si se presenta en tiempo y forma es suficiente para cumplir ese
requisito.
Por lo anterior, y ante la falta de disposición expresa en la
ley, se concluye que no resulta necesaria la coincidencia plena entre la causa
invocada en la protesta, con la hecha valer al plantear la nulidad de la
votación. De lo contrario, implicaría alterar la litis del medio de impugnación
como el que nos ocupa, integrada por los actos de autoridades administrativas
electorales y los agravios de la demanda, al supeditar su contenido al de la
protesta, muchas veces incompleta por la premura o ante la imposibilidad
temporal de que sucedan eventos que le pueden dar contenido al medio de defensa,
como lo es el cómputo distrital.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de esta Sala
Superior, publicada en la página 251 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia
y Tesis Relevantes 1997-2005, del siguiente rubro: PROTESTA, ESCRITO DE. ES
INNECESARIA LA VINCULACIÓN DE SU MOTIVO CON EL DEL AGRAVIO ADUCIDO EN EL MEDIO
DE IMPUGNACIÓN (Legislación de Chiapas y similares).
Asimismo, la exigencia de que el escrito de protesta se
presente ante la mesa directiva de casilla o antes del inicio de los cómputos
distritales obedece a la necesidad de establecer, desde entonces, de cuáles
irregularidades se queja el representante del partido político o coalición,
ocurridos el día de la jornada electoral. Sin embargo, cuando quien presenta la
protesta es el representante ante el Consejo Distrital respectivo, es probable
que no tenga pleno conocimiento de lo sucedido el día de la jornada electoral, o
bien, se revelen las inconsistencias en el curso del cómputo distrital, por
tanto, es probable que al hacerse la protesta se hagan valer los hechos que en
el momento se tenga conocimiento, pero al plantear la demanda, se invoquen
aquellos de los cuales haya tenido conocimiento posteriormente, o que
sobrevengan después, sin que con esto se desnaturalice la función del escrito de
protesta, porque igualmente se hace constar la existencia de presuntas
violaciones en ciertas casillas, lo cual es suficiente para estimar admisible el
juicio de inconformidad correspondiente.
2. Frivolidad. El partido tercero interesado sostiene que
la demanda origen del presente juicio es frívola por tener planteamientos
idénticos a otros juicios promovidos en forma sistemática, en los cuales se
hacen valer violaciones del proceso en general, los cuales no son revisables a
través del juicio de inconformidad y, por tanto, pretende el sobreseimiento o
desechamiento. Tal pretensión es infundada de acuerdo a las siguientes razones.
Ha sido criterio reiterado de esta Sala considerar que la
frivolidad de los agravios en una demanda se actualiza cuando formulan
pretensiones que, de forma notoria, no encuentran fundamento en derecho.
Conforme al artículo 50, apartado 1, inciso a) de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de
inconformidad procede contra los cómputos distritales, respecto a la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por cualquiera de las siguientes
causas:
1. Nulidad de la votación recibida en casillas.
2. La existencia de error aritmético en el cómputo distrital.
La invocación de cualquiera de dichas pretensiones y causas
de pedir es suficiente para estimar satisfecha la materia del juicio de
inconformidad en la elección de referencia.
En el caso, independientemente de si en la demanda se busca
la acumulación del presente juicio a uno diverso o si se busca la declaración de
la nulidad de la elección, lo cierto es que la actora impugna el cómputo
realizado por el Consejo Distrital Electoral 12 en el Estado de Veracruz, en
virtud de que, a su parecer, procede la anulación de la votación recibida en 34
casillas de las instaladas en ese distrito.
Tal pretensión, como ha quedado demostrado, ha sido
contemplada por el legislador como una de las razones por las cuales procede la
impugnación de un cómputo distrital. En tal virtud, el presente juicio no puede
considerarse frívolo.
3. Omisión de mencionar hechos, agravios, preceptos legales
violados y de ofrecer pruebas. El tercero interesado aduce que la coalición
actora omitió mencionar de manera expresa y clara los hechos en los que se basa
su impugnación, expresar los agravios que se le causaron con la emisión del
cómputo distrital impugnado, no citó los preceptos legales transgredidos por la
responsable y se abstuvo de ofrecer y aportar las pruebas con las cuales
pretende acreditar los agravios aducidos, razón por la cual incumplió con las
carga impuestas por el artículo 9, apartado 1, incisos e) y f), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por la
cual la demanda debe desecharse, con fundamento en el apartado 3 del precepto
citado.
Este argumento es infundado, pues como se advierte de la
demanda, el actor sí expresó los hechos que conforman su causa de pedir, expresó
los agravios que, en su concepto, le causa el acto impugnado, citó los artículos
que consideró transgredidos y ofreció y aportó las pruebas que consideró
pertinentes para demostrar sus afirmaciones, lo cual es suficiente para tener
por cumplida la carga impuesta a la actora al momento de presentar el medio de
impugnación, independientemente de su eficacia o suficiencia para alcanzar la
pretensión del actor, pues este análisis corresponde al análisis de fondo de la
presente resolución.
4. Otras causales. También se hacen valer como causas de
improcedencia las siguientes:
a) La coalición actora hace valer dos acciones
contradictorias, pues por un lado pide que se cambie el ganador de la elección,
y por otro solicite que se declare su nulidad. Estas acciones resultan
contradictorias, pues declarar un cambio de ganador, parte de de la premisa de
que existió una elección válida, situación que se contrapone con la petición de
nulidad, pues en este caso la premisa es necesariamente el supuesto de invalidez
de la elección, características que no puede tener a un mismo tiempo una
elección.
b) La petición de la promovente en el sentido de acumular
el expediente al diverso juicio de inconformidad promovido contra el cómputo
distrital realizado en el Distrito 15, con cabecera en la Delegación Benito
Juárez, en México, Distrito Federal, a fin de que opere la adquisición procesal
de los medios probatorios ofrecidos en el mismo es improcedente, porque la ley
no prevé una acumulación para adherir pretensiones de un medio a otro y mucho
menos para que las pruebas tengan ese efecto.
c) No es posible dar los efectos generales que pretende
la coalición promovente a la sentencia que se emita en el juicio de
inconformidad, pues sus efectos se limitan a los actos emitidos por el Consejo
Distrital.
d) La coalición actora impugna la declaración de validez
de presidente electo, empero ésta no se lleva a cabo durante el cómputo
distrital, ni el órgano competente que es la Sala Superior la ha emitido.
e) Como la declaración de validez de presidente electo no
se ha emitido, no es posible cumplir con diversas cargas impuestas por la
legislación procesal electoral, tales como presentar la demanda de juicio por
escrito ante la autoridad responsable, y en dicho documento identificar el acto
o resolución impugnado y la autoridad responsable.
f) La pretensión de la Coalición Actora de no expedir la
declaratoria de validez de la elección y de presidente electo es jurídicamente
imposible, por lo que no puede alcanzarse.
g) El juicio de inconformidad no es procedente para
impugnar la declaración de validez de la elección y de presidente electo.
Además, cuando estos actos sean emitidos por la Sala Superior tendrán el
carácter de definitivos e inatacables.
Las causas de improcedencia enunciadas en los incisos del a)
al c) son improcedentes, en razón de que independientemente de lo cierto de las
afirmaciones del actor, tales circunstancias no se encuentran contempladas
dentro del catálogo limitativo de causas de improcedencia o sobreseimiento
fijado por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en sus artículo 9, 10 y 11, razón por la cual no pueden conducir a
desechar la demanda o sobreseer en el juicio.
Por lo que respecta a las fracciones de la d) a la g), cabe
precisar que de la demanda se advierte claramente que el actor impugnó el
cómputo distrital de la elección presidencial, realizado por el Consejo
Distrital 12 del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Veracruz, Veracruz
y su pretensión es que se modifique el mismo, lo cual es suficiente para la
procedencia del juicio de inconformidad, independientemente de la idoneidad o
pertinencia de algunos agravios, al analizar el fondo del asunto.
QUINTO. Esta consideración se ocupará del estudio de
todas las causas de nulidad hechas valer por la coalición impugnante, pero
exclusivamente respecto de las casillas en las cuales no se ordenó nuevo
escrutinio y cómputo en la interlocutoria emitida en este expediente.
Con la finalidad de facilitar el estudio y comprensión del
objeto de este juicio, en lugar de transcribir los agravios y proceder después a
su examen, se resumirá cada motivo de impugnación, e inmediatamente se le dará
respuesta.
Al estudiar los agravios sobre una misma causa de nulidad, se
procurará su clasificación en grupos homogéneos, por sus características o por
la respuesta común que les pueda corresponder, a fin de evitar reiteraciones.
A. Casillas Inexistentes.
Las casillas 4499 contigua 3 y 4499 contigua 6 son
inexistentes, como se demuestra con la publicación definitiva de la ubicación e
integración de las casillas aprobadas, enviado a esta Sala Superior por la
autoridad responsable, en la cual se aprecia que en el distrito 12, con sede en
Veracruz, Veracruz, sólo se instalaron dos casillas en la sección 4499, una
básica y una contigua, razón por la cual los agravios expresados son
inoperantes.
B. Invocación de causales de nulidad sin exposición de hechos
como causa de pedir.
En el primer apartado de su demanda, la coalición actora hace
valer la nulidad de la votación recibida en las casillas que han quedado
identificadas, por las causas de nulidad establecidas en el artículo 75,
apartado 1 incisos a), b), c), d), e), g), h), i), y j), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La petición se formula, en síntesis, del modo siguiente.
1. Instalación de la casilla, sin causa justificada, en lugar
diferente al señalado por la autoridad electoral.
Al efecto, se alega que en las actas de jornada electoral y
de escrutinio y cómputo de las casillas, constan como lugares donde fueron
instaladas, domicilios diferentes a los señalados por la autoridad electoral en
la Publicación Definitiva de Integración y Ubicación de las Mesas Directivas de
Casilla, sin haber constancia de la existencia de alguna causa justificada para
hacer el cambio; con lo cual se desorientó y confundió a los electores, de
suerte que se impidió el voto de un número determinante de ciudadanos que
durante la campaña electoral manifestaron su preferencia por el candidato de la
coalición actora, pues no estuvieron en condiciones de ubicar el lugar exacto en
el cual quedó instalada la casilla.
Lo determinante resulta –se indica- de que ante los márgenes
tan cerrados de votación, los votos no recibidos darían mayoría a la demandante.
El cambio injustificado infringió los principios de certeza y
legalidad, pues no se realizó en cumplimiento de las formalidades previstas en
la ley para esos casos, ni se respetó el procedimiento para la elección y
designación de los lugares de instalación de casillas, con lo cual no hay
certeza de que el lugar donde realmente se instaló haya reunido las condiciones
de seguridad y neutralidad requeridas en la ley para garantizar y facilitar el
voto libre, secreto y directo; es decir, que fueran de fácil y libre acceso para
los electores, que reunieran las condiciones adecuadas para la emisión secreta
del voto, no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, ni
dirigentes de partido, o candidatos de la elección respectiva, no ser inmuebles
fabriles, de culto, de partidos o asociaciones políticas, cantinas, centros de
vicio o similares.
No se dejó constancia de alguna causa justificada por la cual
se hizo el cambio de ubicación de la casilla, ni se siguió el procedimiento de
tomar la determinación de común acuerdo entre los funcionarios de casilla y
representantes de partidos, la conformidad expresa de todos, buscar un sitio en
la misma sección, adecuado, y más próximo, así como dejar aviso de la nueva
ubicación en el exterior del lugar original.
Se vulneró el derecho de los partidos políticos a realizar
observaciones u objeciones a los lugares donde serían instaladas las casillas.
El Consejo Distrital responsable, al validar la elección en
el acta de cómputo impugnada, vulneró la obligación de velar por la autenticidad
y efectividad del sufragio, respetar y hacer respetar la libre emisión del voto,
y observar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo.
2. Entregar, sin causa justificada, el paquete electoral al
Consejo Distrital, fuera de los plazos señalados en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Se plantea que de acuerdo con el acta circunstanciada de la
sesión de recepción de paquetes electorales a que se refiere el artículo 242 del
Código citado, de las constancias de clausura de las casillas, y de los recibos
extendidos por el Consejo Distrital, los paquetes electorales fueron entregados
a dichos consejos fuera de los plazos permitidos en la ley, a pesar de que se
encontraban a una distancia prudente para llegar a tiempo, sin que se levantara
constancia de algún motivo que lo justificara, la cual solamente puede ser por
caso fortuito o fuerza mayor.
Se vulneraron los artículos 237 y 238 del Código Electoral de
Instituciones y Procedimientos Electorales que imponen la obligación de
garantizar la entrega dentro de los plazos, y tan pronto concluyan las labores
de la casilla, con lo cual no se tiene certeza del cumplimiento de las normas de
seguridad sobre el depósito y salvaguarda de los paquetes electorales; en
consecuencia, se violaron los principios de certeza y legalidad. Concluye con la
cita de varias tesis de esta Sala Superior.
3. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo
en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.
De las actas de escrutinio y cómputo, señala la actora, se
advierte que dicha operación fue realizada en domicilio diferente al autorizado
por el Consejo Distrital, sin haberse hecho constar alguna causa que justificara
el cambio, relativa a caso fortuito o fuerza mayor, y tampoco hay certeza de que
el nuevo lugar reuniera los requisitos legales para garantizar seguridad y
neutralidad, pues no se dio cumplimiento al procedimiento para trasladarse a
otro sitio.
Con lo anterior, se alega, fue transgredida la autenticidad
del escrutinio y cómputo, así como el principio de certeza.
4. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para
la celebración de la elección.
Se alega que la recepción de votos debe hacerse dentro del
horario establecido en la ley, de las ocho a las dieciocho horas del día de la
jornada electoral, con las excepciones previstas en la ley, relativas a cuando
antes de las dieciocho horas ya hubieren sufragado todos los electores, o bien,
si a esa hora aún se encuentran votantes formados en la fila para votar, según
criterio de esta Sala Superior. Concluye con la cita de la tesis: NULIDAD DE
ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA
VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD.
5. Recibir la votación por personas u órganos distintos a los
facultados por el Código mencionado.
De las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo
de casilla se demuestra, dice la actora, que en algunos casos, actuaron como
funcionarios de las mesas de casilla, personas que no aparecen en la publicación
definitiva de su ubicación e integración (encarte), por lo cual no fueron
nombradas por la autoridad electoral, y en otros supuestos, tampoco se demuestra
su pertenencia a las secciones, por no aparecer en la lista nominal respectiva.
Por tanto, como la ley exige determinados requisitos para ser
funcionario de casilla y seguir un procedimiento para integrar las mesas, la
recepción por persona distinta vulneró los principios de legalidad y certeza,
porque no se tiene la seguridad de que, quienes actuaron, cumplen tales
exigencias, con las cuales se pretende garantizar la imparcialidad, objetividad
y neutralidad de los receptores de votos el día de la jornada electoral.
Con lo anterior, se dice, se vulneraron los principios
rectores, así como la libertad y autenticidad del sufragio. También la facultad
de los partidos políticos de vigilar si los integrantes de las mesas directivas
de casilla reúnan las condiciones exigidas en la ley, en el procedimiento
establecido al efecto. Al terminar, cita diversas tesis de esta Sala Superior,
para respaldar sus aseveraciones.
6. Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o
cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, y siempre que ello sea
determinante para el resultado, salvo los casos de excepción señalados en la
ley.
Sobre dicha causa de nulidad, la actora indica que los
presidentes de casilla sólo pueden permitir el voto a quienes presenten su
credencial de elector y aparezcan en la lista nominal, salvo los representantes
de partido político que, aún sin pertenecer a la sección, pueden sufragar en
ella; el caso de las casillas especiales o cuando el ciudadano se presente a
votar con copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia del
Tribunal Electoral por la cual se reconozca su derecho. Sin embargo, se afirma,
en el caso no se actualizó ninguna de tales excepciones.
7. Impedir el acceso de los representantes de los partidos
políticos, o haberlos expulsado, sin causa justificada.
En cuanto a esta causa, se alega el derecho de los partidos y
coaliciones a vigilar el proceso electoral y nombrar representantes ante las
mesas directivas de casilla.
8. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de
la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos
sean determinantes para el resultado de la votación.
Se hace valer la existencia de presión sobre los electores en
gran parte de la jornada, sin que los presidentes de las casillas ejercieran sus
facultades para mantener el orden y asegurar la libertad del voto.
Se dice que el Partido Acción Nacional sostuvo un
comportamiento intimidatorio, así como proselitismo en la zona de las casillas,
o prometió bienes a los funcionarios de la casilla, es decir, los sobornó.
Finalmente, también pudo ejercerse presión en las casillas cuya votación se
cerró antes de las dieciocho horas, al inhibirse el ejercicio del voto.
Con lo anterior, se violó la libertad y secrecía del voto,
así como la autenticidad del escrutinio y cómputo. A su vez, el partido
infractor incumplió sus obligaciones de ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos, y los derechos de los ciudadanos,
así como abstenerse de recurrir a la violencia, o cualquier otro acto con el fin
de perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los
órganos de gobierno. Cerró su argumento con la cita de tesis de esta Sala
Superior.
9. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho
de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la
votación.
Se argumenta que, conforme a la ley, debe permitirse votar a
los ciudadanos que se presenten con su credencial para votar y aparezcan en las
listas nominales, salvo los casos de excepción expresamente señalados en la ley.
Las alegaciones precedentes son inoperantes, porque no se
exponen los hechos concretos necesarios para la actualización de las hipótesis
previstas en abstracto en la ley, como elementos típicos de cada causa de
nulidad.
Ciertamente, el método expositivo empleado por la actora
consiste en dividir cada alegación en dos partes. En la primera transcribe la
disposición legal que prevé la causa de nulidad, y en la segunda, da por hecho y
demostrado que en el caso se actualizó la hipótesis legal invocada, por lo que
salta hacia consideraciones relativas a los valores protegidos o al alcance
jurídico de los preceptos, y concluye, en ocasiones, con la cita de tesis
relevantes o jurisprudenciales, que considera aplicables.
Empero, la demandante no narra un solo hecho concreto, sino
que remite a esta Sala Superior a su búsqueda a la documentación electoral
correspondiente a la casilla, tales como actas de jornada electoral, actas de
escrutinio y cómputo, documentos referentes a la recepción de los paquetes
electorales, encarte, listas nominales, a las constancias de autos, etcétera.
Con esta posición, lo que pide la actora, en realidad,
consiste en que esta Sala Superior lleve a cabo una investigación de los
expedientes electorales, para ver si encuentra constancia en ellos de la
comisión u omisión de algunos hechos que encuadren en alguna de las causas de
nulidad de votación recibida en las casillas que menciona.
Tal situación es inadmisible, si se tiene en cuenta que la
base de todo planteamiento o acción ante los tribunales es la narración de los
hechos en los cuales se funda la pretensión o la consecuencia jurídica que se
quiere alcanzar; lo cual tiene fundamento en el principio general del derecho
da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos, y te daré el derecho)
conforme al cual, basta la narración y prueba de los hechos por las partes, para
que el juez emita su pronunciamiento de derecho.
Tal principio está reconocido y exigido en el sistema de
medios de impugnación en materia electoral, al establecerse como requisito de la
demanda la mención expresa y clara de los hechos en que se basa la impugnación
(artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral).
Dicho requisito resulta indispensable, cuando se hace valer
la nulidad de la votación recibida en casillas, pues las conductas descritas en
la ley se traducen necesariamente en hechos concretos. Así, por ejemplo, la
instalación de la casilla en lugar diverso al autorizado, implica la narración
del lugar en que se instaló la casilla en la realidad, esto es, la
identificación de un inmueble preciso y concreto, que sea diferente al
autorizado; la entrega extemporánea del paquete electoral, requiere indicar la
hora de la entrega; la realización del escrutinio y cómputo en lugar diferente
al de la instalación de la casilla, requiere de la precisión del sitio concreto
en que se llevó a cabo esa actividad; la recepción de votos fuera del horario,
necesita de la narración de la hora en que esto ocurrió, si fue antes de la
apertura o después del cierre de la casilla; para aducir la recepción de votos
por personas u organismos diferentes a los autorizados, es menester nombrar a
tales personas u órganos, y así en cada dispositivo legal.
Por tanto, deben invocarse los hechos particulares ocurridos
en las casillas impugnadas, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de ejecución.
Esto, independientemente de la carga de aportar las pruebas
para acreditar los hechos.
En el caso no se cumplió esa carga, como quedó demostrado.
Por tanto, no se proporcionaron las bases para que esta Sala
procediera al examen de las pruebas ofrecidas, y para establecer si se verifican
o no las causas de nulidad alegadas.
Cabe mencionar que, tratándose de la causa de nulidad
relativa a la violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva
de casilla o sobre los electores, también se hacen afirmaciones genéricas,
acerca de que el Partido Acción Nacional sobornó a los funcionarios de casilla,
o hizo proselitismo en los alrededores, o bien, que en aquellas casillas donde
se hubiere cerrado anticipadamente la votación, esto se tradujo en una especie
de presión.
Sin embargo, la actora no especifica alguna circunstancia que
al menos revele conocimiento de los hechos y, por ende, que se hace una
imputación específica, pues no narra directamente los actos o conductas en que
consistió el proselitismo, si entregaban folletos o documentos con propaganda a
los electores, o si había propaganda de otro tipo de ese partido cerca del lugar
donde fue instalada la casilla; no expresa acotadamente en cuáles casillas se
cerró la votación antes de las dieciocho horas, y porqué.
En tal virtud, los agravios en cuestión no se encuentran
debidamente configurados, y en consecuencia, se declaran inoperantes.
C. Error o dolo en la computación de los votos.
La actora plantea la existencia de error o dolo en el cómputo
de las casillas 4219 B, 4219 Contigua 1, 4277 Contigua 1, 4474 Básica, 4499
Básica, 4490 Contigua 2, 4231 Contigua 2, 4260 Contigua 4, 4281 Básica y 4345
Básica, por la existencia de irregularidades en los datos asentados en las actas
de escrutinio y cómputo, y que se traducen, en general, en la incongruencia de
los datos asentados, que revela un faltante o sobrante de votos o boletas, que
pudieron favorecer a cualquiera de los candidatos registrados.
Concluye con la mención de que se viola el sufragio
universal, así como el derecho de acceder a los cargos públicos de elección
popular, y cita la tesis: "PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS
FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN."
En principio, se aclara que el actor no hace valer alguna
circunstancia que revele dolo por parte de los funcionarios de las mesas
directivas de casilla, por lo cual únicamente se atenderá al supuesto de error.
La causa de nulidad sanciona, fundamentalmente, la
incongruencia en los datos referentes a los votos emitidos, relativos a los tres
rubros fundamentales señalados con anterioridad, y no en cuanto a las boletas no
convertidas en votos.
Por boletas se entiende el documento impreso según el modelo
aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde constan
los emblemas de los diferentes partidos políticos contendientes, y los nombres
de los candidatos postulados por cada uno de ellos, así como la elección
respectiva, y el cargo para el cual se postulan, de acuerdo con el artículo 205,
apartado 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En cambio, dichos formatos se convierten en votos cuando el
ciudadano ha impuesto sobre él la marca a favor de alguno de los partidos o
candidatos contendientes, o aunque no lo haga, manifestando así su voluntad en
la elección, y sobre todo, procede a depositar la boleta en la urna.
El procedimiento de escrutinio y cómputo en las casillas,
según se vio, está diseñado para obtener distintos datos, en los cuales debe
haber concordancia para asegurar que la manifestación de todos los ciudadanos
sea contada, donde los rubros de ciudadanos que votaron conforme a la lista
nominal, votación depositada en la urna y suma de votos a cada partido,
candidatos no registrados y nulos, revelan la cantidad de sufragios, por lo cual
las diferencias registradas entre esos tres rubros puede llevar a la exclusión
de votos válidamente emitidos, la sustracción de algunos sufragios válidos o la
introducción de votos espurios, es decir, la existencia de un error en el
cómputo.
En cambio, los rubros atinentes a boletas recibidas y boletas
sobrantes se traducen en elementos auxiliares para explicar las diferencias en
los rubros fundamentales, o algunas otras inconsistencias, pero no
necesariamente requieren ser acordes con dichos datos principales, porque la
falta o sobra de boletas carece de relevancia para efectos de conocer el
resultado de la casilla, a menos que se tuviere constancia o prueba de su mal
uso.
Así, en hipótesis como la indicada, para determinar la
posible nulidad por error o dolo, deben compararse los datos existentes, y en su
caso, con los auxiliares de boletas recibidas y sobrantes e inutilizadas.
Por tanto, si coinciden los rubros de ciudadanos que votaron
conforme a la lista nominal y el de votación total emitida, y los datos
auxiliares no arrojan fuertes indicios de anomalías graves en el escrutinio y
cómputo representado en el acta, no se actualiza la causa de nulidad invocada, y
si existen diferencias entre los dos rubros fundamentales, esta debe compararse
con la existente entre los candidatos que ocupan el primero y el segundo lugar
en la casilla y definir así la determinancia.
Para estar en aptitud de estudiar adecuadamente la solicitud
de nulidad de votación recibida en casilla, se analizan las copias certificadas
de las actas de escrutinio y cómputo exhibidas por la demandante en el juicio de
inconformidad, así como las listas nominales solicitadas por el magistrado
instructor a la autoridad responsable; los cuales tienen pleno valor probatorio,
de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
Los datos obtenidos de los medios de prueba, con relación a
las casillas impugnadas, una vez hecha la corrección o confirmación en la
anotación relativa a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, de
acuerdo con el informe recabado por el magistrado instructor, arrojan los
resultados siguientes:
