V. El catorce de julio de dos mil seis fue recibida en la
Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la demanda de juicio de inconformidad remitida por la
autoridad responsable, el informe circunstanciado y las constancias atinentes al
trámite que se dio a la demanda y a la publicación de ese escrito inicial.
VI. El diecinueve de julio siguiente, por acuerdo de
Presidencia, se turnó el expediente al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata,
para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VII. Por auto de treinta de julio de dos mil seis se
admitió a trámite la demanda, se integró el expediente y se declaró abierta la
instrucción.
VIII. Mediante acuerdo de treinta y uno de julio del
presente año, la Sala Superior ordenó la formación de incidente de previo y
especial pronunciamiento, para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y
cómputo de la votación recibida en casillas correspondientes al Distrito 11 del
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos.
IX. Por sentencia interlocutoria de cinco de agosto de
dos mil seis, este órgano jurisdiccional ordenó la realización de diligencia de
nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en cinco casillas.
X. En cumplimiento de la resolución citada en el
resultando anterior, el nueve de agosto siguiente, se llevó cabo la diligencia
de recuento.
XI. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil seis,
la Sala Superior ordenó remitir el acta circunstanciada y demás anexos,
levantada con motivo de la diligencia sobre nuevo escrutinio y cómputo de
votación recibida en casillas, al Magistrado encargado de la instrucción de este
juicio.
XII. Por proveído de veintiséis de agosto de dos mil
seis, el Magistrado ponente declaró cerrada la instrucción, con lo cual el
asunto quedó en estado de dictar sentencia, y
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para
conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a),
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 53, párrafo 1, inciso
a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
por tratarse de la impugnación de los resultados consignados en un acta de
cómputo distrital, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
que debe resolverse ante esta Sala Superior, en única instancia.
SEGUNDO. Antes de entrar al estudio de los requisitos de
procedibilidad del presente juicio, en esta parte considerativa se analizan los
escritos remitidos por Javier Arriaga Sánchez, quien se ostenta como autorizado
del Partido Acción Nacional, mediante los cuales ofrece pruebas y formula
alegatos; así como la petición de acumulación de los distintos juicios de
inconformidad promovidos por la Coalición "Por el Bien de Todos".
A. El veintiuno, veintiocho y veintinueve de julio, así como
el siete, trece y diecisietes de agosto de dos mil seis, se recibieron en la
oficialía de partes de esta Sala Superior seis escritos con sus respectivos
anexos, todos suscritos por Javier Arriaga Sánchez, quien se ostenta como
autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero
interesado; mediante los cuales ofreció distintas pruebas documentales y
manifestó alegatos acerca de la actualización de causas de improcedencia.
No ha lugar a tener por ofrecidas las pruebas ni por
formulados los alegatos antes mencionados.
En conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, apartado
1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor,
la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano,
el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación
política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa
derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.
En el apartado segundo del invocado artículo se prevé que, el
tercero interesado debe presentar un escrito, por sí mismo o a través de la
persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la
legitimación para ello.
En el caso, en las constancias de autos se advierte, que
Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y
recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, conforme con lo
previsto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 9 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Sin embargo, dicha autorización para oír y recibir
notificaciones en nombre del tercero interesado no puede considerarse una
representación para otros propósitos, porque en la citada ley, a diferencia de
otros ordenamientos (Ley de Amparo) no existe una autorización para fines de
representación en el juicio, pues si bien se admite que las personas morales
promuevan a través de sus representantes, éstos son quienes cuentan con
facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del
medio impugnativo de que se trate.
No obsta que en el último de los escritos, Javier Arriaga
Sánchez se ostenta con el carácter de "Director General Jurídico del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional", pues en el expediente no se
acredita dicho cargo; además en la lectura íntegra del Reglamento del Comité
Ejecutivo Nacional y los Estatutos del referido partido político no se advierte,
que tal director tenga facultades para representar al partido político. En
consecuencia, la persona que firmó los ocursos en comento no tiene acreditada
facultad de representación en este juicio de inconformidad, para ofrecer pruebas
y expresar alegatos.
No pasa desapercibido el contenido de la tesis de
jurisprudencia visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, página 37, cuyo rubro es: "AUTORIZADO PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE
TAL REQUERIMIENTO".
En el citado criterio se precisó que, la facultad para
desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los
partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación
existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste,
respecto de actos de poca trascendencia, por ejemplo, cuando se cumple con una
formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de
conocimientos específicos y profundos del negocio.
En el caso no se pretende cumplir algún requerimiento, sino
que motu proprio se ofrecen pruebas y se alega respecto de la procedencia
del juicio; de ahí que es evidente que dicho ofrecimiento no sea procedente.
B. La petición de la actora en el sentido de acumular el
presente juicio de inconformidad con otros promovidos por ella, se declaró
improcedente en el acuerdo emitido por esta Sala Superior, el treinta y uno de
julio de dos mil seis, en el expediente SUP-JIN-212/2006, por lo que
deberá estarse a lo decidido en el referido acuerdo.
TERCERO. Previamente al estudio de fondo, se analiza si
se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y los especiales
de procedibilidad del juicio de inconformidad, así como los elementos necesarios
para la emisión de una sentencia de mérito.
A. Se cumplen los requisitos esenciales previstos por el
artículo 9, párrafo 1 y 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda fue presentada en tiempo
y forma ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias
formales para su presentación, previstas en los preceptos citados, como son, el
nombre de la actora, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación
del acto impugnado y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y
agravios que causa el acto o resolución impugnados; el asentamiento del nombre y
de la firma autógrafa del promovente; la posible conexidad del juicio con otras
impugnaciones y, además, se hacen valer como causas de nulidad, las previstas en
el artículo 75, párrafo 1, incisos a), b), c, d), e), f), g), i) j) y k) del
invocado ordenamiento, en ocho casillas instaladas en el Distrito Electoral
Federal 11 en el Estado de Veracruz.
El estudio de estos requisitos esenciales de procedibilidad
del presente juicio de inconformidad patentiza lo inatendible de la causas de
improcedencia aducida por el tercero interesado Partido Acción Nacional,
relativa a la ausencia de expresión de agravios, pues como se ha visto, en el
caso sí se satisface esta exigencia.
También se cumple con el requisito previsto en el artículo
51, párrafo 2, de la citada ley, porque la enjuiciante presentó el escrito de
protesta (que aparece en autos, el cuadernillo principal) ante el consejo
distrital responsable, antes del inicio de la sesión de cómputo, en los que
menciona la elección, las casillas en forma individual y la causa por la que se
protesta, por tal razón, se desestima la causa de improcedencia que hace valer
el tercero interesado, ya que contrariamente a su dicho, en el caso, sí existe
escrito de protesta.
B. El juicio de inconformidad es promovido por parte
legítima, pues conforme con el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde
instaurarlo a los partidos políticos y, en la especie, promueve la Coalición
"Por el Bien de Todos", integrada por Convergencia, el Partido de la Revolución
Democrática y el Partido del Trabajo.
Asimismo, la coalición tiene interés jurídico para promover
el presente juicio, pues participó en la elección de referencia y aduce
distintas irregularidades que, en su concepto, afectan la validez de la votación
recibida en las casillas del Distrito Electoral Federal 11 en el Estado de
Veracruz, así como a la elección en general, y este medio de impugnación es el
idóneo para reparar esa pretendida conculcación, en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 56, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
C. El juicio fue promovido por conducto de representante
con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en los
artículos artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del ordenamiento antes
invocado y 59, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, puesto que Carlos Manuel Zúñiga Palencia es el
representante propietario de la coalición mencionada ante el órgano electoral
responsable, tal como se expresa en el informe circunstanciado rendido por el
propio órgano.
D. La demanda fue presentada oportunamente, ya que el
cómputo respectivo concluyó el cinco de julio, por lo que el plazo de cuatro
días establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el caso, comprende del
seis al nueve de julio de dos mil seis, en consecuencia, si la demanda se
presentó en esta última fecha, está dentro del plazo legal.
E. La reparación solicitada es material y jurídicamente
posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, los juicios de inconformidad en contra de
los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos deberán resolverse, a más tardar el treinta y uno de agosto del año de
la elección; por tanto, es material y legalmente factible la reparación de la
conculcación aducida, con anterioridad a esa fecha.
El tercero interesado alega también, que el presente medio de
impugnación es improcedente, por frívolo.
La causa de improcedencia es inatendible.
Esta Sala Superior ha sostenido en forma reiterada, que un
medio de impugnación frívolo es aquel que carece de sustancia, que se basa en un
planteamiento inadecuado, ya sea porque el impugnante alegue cuestiones
puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que
ostensiblemente no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente
que no se encuentran amparadas por el derecho.
En el caso, en la demanda se refieren cuestiones que podrían
implicar, si se acreditan las violaciones aducidas, la nulidad de la votación
recibida en casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 11 del Estado
de Veracruz, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, incisos
a) al k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
Como se ve, la demanda en cuestión no carece de sustancia,
para que pueda ser considerada frívola, sino que los argumentos que se exponen
respecto del tema señalado deben ser analizados en el fondo del asunto para
determinar su eficacia o ineficacia, para demostrar la existencia de las causas
de nulidad planteadas.
Por lo expuesto, en el presente caso se estiman satisfechos
todos los requisitos de procedencia.
CUARTO. Los agravios expresados por la Coalición "Por el
Bien de Todos" se refieren a dos temas:
a) La pretensión de que no sea declarada la validez de la
elección.
b) La pretensión de nulidad de votación recibida en casillas
ubicadas en el Distrito Electoral Federal 11 del Estado de Veracruz, por la
actualización de dos causas de nulidad específicas que, en concepto de la
demandante, se surten en el presente caso.
Respecto del primer tema se tiene lo siguiente:
Los motivos de inconformidad referentes a la validez de la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no admiten ser materia de
estudio en el presente juicio.
Debe tenerse en cuenta que este medio de impugnación es un
juicio de inconformidad, previsto y regulado en los artículos 99, párrafo
cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 49 a 60 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1,
inciso a), de la ley citada, los actos impugnables a través del juicio de
inconformidad, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos son,
únicamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital
respectivas.
Estos resultados son susceptibles de impugnación por dos
motivos: nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y error
aritmético.
De acuerdo con lo anterior, en el juicio de inconformidad no
es factible el estudio de un acto distinto de los cómputos distritales de la
elección, e incluso éstos sólo pueden combatirse, mediante la alegación de
alguna de las causas de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o bien, por error
aritmético.
Por esta razón, los planteamientos acerca de la validez de la
elección de referencia, en los que se aducen irregularidades distintas a las
previstas en el numeral citado y los medios de prueba atinentes a ese tema, sólo
pueden considerarse como el ejercicio del derecho de petición previsto en el
artículo 8 constitucional, por lo cual, serán examinados por este órgano
jurisdiccional, en la fase del proceso donde se decida sobre la validez de la
elección, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 174,
párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
186, fracción II y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación.
Respecto de la pretensión de nulidad de votación recibida en
casilla, el examen de los agravios se divide en dos partes:
La primera, en que se estudiarán las causas de nulidad
relativas a los incisos a), b), c), d), e), g), h), i), j) y k) del párrafo 1
del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral.
La segunda, en la que se analizará la causa de nulidad
relativa a error en el cómputo de las mencionadas casillas.
I. La enjuiciante manifiesta –sin identificar casillas en
particular, salvo el caso de irregularidades graves y error en el cómputo- que
se actualizan las causas de nulidad de votación previstas en los incisos a), b),
c), d), e), g), h), i) y j), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:
1. Instalación de centros de votación en lugar distinto al
autorizado por el consejo distrital responsable.
2. Paquetes electorales entregados fuera del plazo
establecido en el artículo 238 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, sin justificación.
3. El escrutinio y cómputo se llevó a cabo en lugar distinto
al autorizado por la autoridad electoral, sin que se surtieran los casos de
excepción previstos en la ley.
4. La votación se recibió en hora distinta a la prevista en
el artículo 174, apartado 4, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
5. Personas que actuaron como funcionarios de casilla no
fueron designados en los términos del invocado ordenamiento.
6. Ciudadanos que votaron sin tener derecho.
7. A los representantes de la Coalición Por el Bien de Todos
se prohibió el acceso las casillas.
8. Tanto los funcionarios de mesa directiva de casilla como
los electores sufrieron violencia y presión, por parte de simpatizantes del
Partido Acción Nacional.
9. El ejercicio del derecho a votar se impidió a los
ciudadanos sin causa justificada.
Las referidas alegaciones son inoperantes.
La enjuiciante omite manifestar las circunstancias que, en su
concepto, actualizan los supuestos de las causas de nulidad previstas en el
artículo 75, párrafo 1, incisos a), b), c), d) e), g), h), i) y j), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, los
hechos que, según la actora, constituyen las irregularidades precisadas en los
números que anteceden, supuestamente acontecidas en casillas del Distrito
Electoral Federal 11 en el Estado de Veracruz.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9, párrafo 1,
inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, el promovente de un medio de impugnación debe mencionar de manera
expresa y clara los hechos en que se sustenta la impugnación.
Esta exigencia se basa en la necesidad de que el actor
exponga al juzgador, a través de afirmaciones, las circunstancias que
constituyen la causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos
que sustentan su petición.
En materia electoral, corresponde sólo al demandante expresar
las afirmaciones de los hechos que fijan la causa de pedir en el proceso, de
modo que la parte actora es la única que decide los términos de la pretensión
que hace valer.
El cumplimiento de esta carga procesal permite, que el órgano
jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las afirmaciones de las partes
se encuentran demostradas a través de los medios de prueba aportados al proceso.
De lo contrario, es decir, si no existen afirmaciones de la
actora sobre hechos que sirvan de base a la pretensión aducida, falta la propia
materia de juzgamiento.
En esas condiciones, si la pretensión consiste en la nulidad
de votación recibida en casillas, es menester que la actora manifieste los
hechos concretos que, en su concepto, actualizan alguna de las causas de nulidad
previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral.
Entre estas circunstancias se encuentra la identificación de
cada una de las casillas cuya votación se impugna, mediante la mención de la
sección correspondiente y del tipo de casilla, es decir, si es básica, contigua,
especial o extraordinaria y, en su caso, el número de casilla contigua de que se
trate.
Este criterio se recoge en la tesis de jurisprudencia
S3ELJ09/2002, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, páginas 204 y 205, bajo el rubro: "NULIDAD DE VOTACIÓN
RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL
ESPECÍFICA".
En el caso, la Coalición Por el Bien de Todos pretende la
nulidad de la votación recibida en casillas del Distrito Electoral Federal 11 en
el Estado de Veracruz, porque estima que se actualizan las causas de nulidad
previstas en los incisos a), b), c), d), e), g), h), i) y j) del precepto
citado, en virtud de haberse cometido, según su dicho, las irregularidades que
cada uno de los referidos enunciados jurídicos establece, las cuales han quedado
resumidas en párrafos anteriores.
Acorde con lo explicado, la actora tiene la carga de expresar
los datos precisos de una o varias casillas y, las circunstancias que desde su
perspectiva, se traducen en la realización de las conductas ilícitas, por
ejemplo:
1. La mención del lugar en que se instaló la casilla, así
como la explicación de porqué es un lugar distinto al autorizado; si en dicho
inmueble estaba prohibida la instalación o, en su caso, porqué no se justificaba
el cambio de sede del centro de votación.
2. La manifestación acerca de la ubicación de las casillas
(urbana o rural) para determinar sobre qué base se analiza el retraso en la
entrega del paquete electoral; la existencia de centros de recepción y traslado
de paquetes electorales, o bien, en qué casos la citada entrega se efectuó sin
funcionarios de mesa directiva de casilla o representantes partidarios.
3. Especificar el local en que se realizó el escrutinio y
cómputo, así como aducir las causas que provocaron el cambio de ubicación de
casilla durante dicha fase de la jornada electoral, o bien, manifestar que no
medió causa.
4. La precisión sobre la fecha distinta de recepción de los
votos.
5. La indicación respecto a si la sustitución de funcionarios
de casilla se debió a que ninguno de éstos o sólo algunos no acudieron a
instalarla; si se efectuó el corrimiento previsto en la ley o, en qué casillas
específicas los sustitutos no pertenecen a la sección electoral respectiva.
6. La manifestación acerca de cuántos ciudadanos emitieron
sufragios sin aparecer en las listas nominales de electores o cuántos no poseían
credencial para votar con fotografía y aun así, se les permitió votar.
7. La mención sobre si la expulsión de representantes de
casilla de la Coalición por el Bien de Todos se originó ya iniciada la votación,
o bien, se les impidió el acceso al inicio de la votación.
8. La descripción de los hechos que en concepto de la
promovente implican violencia o presión sobre los electores o funcionarios de
casilla durante determinado tiempo; la indicación de los datos que permitan
advertir si en la casilla actuaron funcionarios públicos; o bien, si el
presidente de mesa directiva de casilla permitió que se ejerciera presión sobre
el resto de los funcionarios de casilla y éstos abdicaron de sus cargos.
9. La expresión concreta de hechos relativos a que un
determinado número de ciudadanos se les impidió votar, por una causa
injustificada, etcétera.
Como ya se mencionó, en la demanda no se advierte la
individualización de las casillas cuya votación se impugna.
En efecto, en el apartado de la demanda denominado "acto
impugnado", la enjuiciante afirma, que controvierte los resultados consignados
en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, por nulidad de la votación recibida en varias casillas,
sin precisar a cuáles se refiere exactamente.
En el capítulo de hechos, la demandante refiere únicamente,
el mes en que inició el proceso electoral, las fechas en que se verificaron la
elección y el cómputo distrital, así como que en distintas etapas del proceso se
llevaron a cabo irregularidades que ponen en duda la certeza de la votación y
vulneran los principios rectores del proceso electoral; pero en ninguna de estas
afirmaciones se hace mención de las casillas en que se suscitaron las
pretendidas irregularidades.
En el capítulo de agravios se encuentran también,
manifestaciones genéricas que impiden a esta Sala Superior identificar las
casillas en donde ocurrieron las supuestas violaciones, con excepción de las
causas de nulidad de votación relativas a error en el cómputo e irregularidades
graves, en las que sí se especifican casillas y posteriormente en este fallo se
llevará a cabo el análisis correspondiente.
La Coalición Por el Bien de Todos utiliza las expresiones:
"en las casillas que han quedado señaladas y que se identificarán más adelante",
"las casillas identificadas", "las casillas señaladas", "estas casillas", "las
casillas referidas", "las casillas que ahora se impugnan", "casillas que se
identifican en el presente apartado", "las casillas del distrito a que se ha
hecho referencia", "en diversas casillas" y "casillas que se identifican".
Como se observa, en un caso, la Coalición Por el Bien de
Todos utiliza un adjetivo que denota indeterminación ("diversas") en otros,
emplea palabras ("referidas", "que han quedado señaladas", "que se impugnan")
que suponen la especificación previa del sustantivo al que acompañan, es decir,
de las casillas; sin embargo, en las páginas precedentes de la demanda, no
existe una sola precisión de tales casillas. Finalmente, en dos ocasiones usa
las expresiones "que se identifican" o "que se identificarán más adelante".
Empero, en ninguno de los apartados de la demanda en que se insertan dichos
vocablo o en algún otro posterior, tampoco se mencionan centros de votación.
La actora alega también, que los presidentes de las mesas
directivas de casilla omitieron cuidar que el funcionamiento de las casillas se
ajustara a lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Sin embargo, la promovente no identifica en qué casillas los
presidentes de la mesa directiva incurrieron en omisiones.
Tampoco es posible obtener la identificación de casillas, con
el escrito de protesta que obra en autos, porque la protesta es un requisito
especial de procedibilidad autónomo e independiente al del señalamiento
individualizado de las casillas en la demanda del juicio de inconformidad.
En conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, apartado
2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad del juicio de
inconformidad cuando se hacen valer las causales de nulidad previstas en el
artículo 75 de la citada ley, a excepción de la contenida en el inciso b) del
párrafo 1 del referido precepto.
El cumplimiento de ese requisito de procedibilidad no exime
de la carga de cumplir con los requisitos especiales de la demanda a que hace
referencia el citado artículo 52, apartado 1, inciso c), consistente en el
señalamiento individualizado de las casillas cuya votación se impugna.
Por último, en el capítulo de pruebas no se ofrece medio de
convicción alguno para demostrar las afirmaciones de la demandante, sino que
únicamente se aduce que las acciones en contra de la candidatura a la
Presidencia de la República, postulada por la coalición Por el Bien de Todos,
fueron del dominio público. Por consiguiente, tampoco es posible advertir qué
casillas pretende impugnar la actora a través de la revisión de los medios de
prueba.
Consecuentemente, la falta de individualización de las
casillas cuya votación se solicita anular, por las causas previstas en los
incisos a), b), c), d), e), g), h), i) y j) del apartado 1 del artículo 75 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como
la ausencia de afirmaciones que constituyan la causa de pedir de la pretensión
de nulidad, dan lugar a declarar la inoperancia de los agravios atinentes a este
tema.
II. En otro orden de cosas, la enjuiciante aduce que en
las casillas 766 B, 780 C1, 781 B, 794 B, 794 C1, 795 B, 862 B y 892 C2, se
cometieron las siguientes irregularidades graves:
a) La boletas sobrantes se depositaron en las urnas.
b) Según la demandante, en las citadas casillas faltaron
boletas, porque los electores no las depositaron en las urnas, se desconoce si
dichas boletas solamente se las llevaron consigo sin darle un uso posterior, o
bien, si se utilizaron para ser reproducidas y depositadas en casillas
correspondientes a otras secciones electorales.
La actora afirma que las supuestas irregularidades
acontecidas durante la jornada electoral se demuestran con la simple suma de las
cifras contenidas en las actas de escrutinio y cómputo respectivas.
Las citadas alegaciones se estiman inatendibles.
Cabe aclarar que a pesar de que la enjuiciante no invoca
precepto alguno, el estudio de las mencionadas irregularidades graves se hará de
acuerdo con la causa de nulidad establecida en el inciso k) del párrafo 1 del
artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, porque en el presente caso opera la suplencia en la omisión de la
cita de enunciados jurídicos, en conformidad con lo dispuesto por el artículo
23, apartado 3, del invocado ordenamiento.
Opuestamente a lo expresado por la enjuiciante, si se atiende
al elemento probatorio que menciona (actas de escrutinio y cómputo) no se
demuestra que las boletas sobrantes de cada una de las casillas mencionadas
hayan sido depositadas en las urnas, o bien, que electores se llevaron consigo
boletas, menos se puede acreditar que esas boletas sin depositar fueron
utilizadas para reproducirse y luego depositarse en casillas de distintas
secciones electorales.
Las actas de escrutinio y cómputo de las casillas mencionadas
al inicio de este apartado II (dos romano) tienen pleno valor probatorio, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 1, inciso a), en relación
con el 16, apartado 2, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata, en algunos casos, de
actas originales y, en otros, de copias autógrafas, levantadas por los
funcionarios de mesa directiva de casilla. El mismo valor probatorio debe
otorgarse a las hojas de incidentes que, en determinados centros de votación
fueron levantadas.
En la revisión exhaustiva de las referidas actas se advierte,
que en el apartado correspondiente a: "incidentes ocurridos durante el
escrutinio y cómputo" no se hizo constar ninguno de los hechos referidos por la
demandante, esto es, que las boletas sobrantes se hayan depositado en las urnas
o, que determinado número de electores no depositó su voto en las urnas y
después, se hayan utilizado las boletas para reproducirlas y depositarlas en
diferentes casillas de otras secciones electorales.
Incluso, en la lectura íntegra de las hojas de incidentes
que, en algunos casos, fueron levantadas por funcionarios de las mesas
receptoras de votación en comento, tampoco se advierte que se hayan hecho
constar, a instancia de funcionarios o representantes de partidos o coaliciones,
las irregularidades que según la actora ocurrieron el día de la jornada
electoral.
Es patente que con la aislada adición aritmética de las
cifras asentadas en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas antes
precisadas, no se acreditan las pretendidas irregularidades consistentes en el
uso indebido de boletas electorales el día de la votación, pues lo que
demuestran los sumandos correspondientes es el resultado de las mencionadas
operaciones aritméticas.
Consecuentemente, como las manifestaciones de la enjuiciante
no están acreditadas en las constancias de autos, menos se demuestran con las
actas de escrutinio y cómputo o con las hojas de incidentes de las casillas,
respecto de las cuales se hacen valer las pretendidas irregularidades, ha lugar
a desestimar el agravio en estudio.
QUINTO. Por cuestión de método, en el presente
Considerando se examinará todo lo relativo al tema del recuento de votos y,
posteriormente, se examinarán, en su caso, las casillas en las que proceda
estudiar la causa de nulidad de votación, relativa a error o dolo en el cómputo
de votos, sobre la base de los resultados que arroje el referido examen del
recuento de votos.
Mediante sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos
mil seis, esta Sala Superior ordenó al Presidente del Consejo Distrital 11 del
Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos,
que llevara a cabo, con la dirección de un Magistrado de Circuito o Juez de
Distrito, diligencia en que se efectuara el nuevo escrutinio y cómputo de la
votación recibida en cinco casillas.
Dicha orden se cumplió el nueve de agosto de dos mil seis,
porque la diligencia se efectuó en las instalaciones del referido consejo
distrital, bajo la dirección de la Magistrado de Circuito Miguel Olea Rodríguez,
comisionado por el Consejo de la Judicatura Federal, con el auxilio del
Presidente y del Secretario del Consejo Distrital 11 del Instituto Federal
Electoral en el Estado de Veracruz, y la presencia de los partidos políticos y
coaliciones que asistieron.
Los resultados que se obtuvieron se asentaron en un acta
circunstanciada que fue firmada por los que en ella intervinieron, constancia a
la que se otorga pleno valor probatorio, conforme con lo establecido en el
artículo 14, apartado 4, inciso c), relacionado con el numeral 16, párrafo 2, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, esos
resultados, son los siguientes:
