México, D.F. octubre 23, 2012
C. Lic. Felipe Calderón H.
Presidente de la República
Señor Presidente
Como se lo denuncie desde agosto del presente año, Enrique Villa Rivera, Director General del CONACYT, recibió el beneficio de la pertenencia a El Colegio de Sinaloa. Este comisión vitalicia, remunerada, está reservada para científicos, artistas y creativos sinaloenses. Cuando lo denuncié, el personal de la Presidencia argumentó que tenía que investigarlo. Algo tan sencillo como levantar el teléfono de la red o consultar por Internet los medios informativos impresos estatales. No lo hicieron, quiero pensar porque el delito no se había consumado.
Yo sigo sosteniendo que ningún funcionario federal debe usufructuar el cargo para obtener pertenencias a órganos de este tipo, porque afecta el principio de igualdad de oportunidades para candidatos con mayor aportación científica y cultural. Independientemente él lo haya solicitado ó no, pero lo aceptó y lo recibió, convirtiendo al hecho en una irresponsabilidad sancionable dentro las atribuciones que su gobierno tiene hasta que concluya el mandato.
Argumenté que en función de la moral pública era un acto de corrupción tan reprobable como el de aceptar o recibir bienes, dinero, dádivas u obras de arte en el ejercicio de la responsabilidad pública, como lo contempla la ley. Solicité acción preventiva de este delito, porque perjudica el esfuerzo, los logros de la lucha contra la corrupción en el ámbito federal emprendida por su gestión. Agregué que no era un reconocimiento a su labor, porque para eso le pagan. Además él NO esta vinculado con proyectos de investigación científica y de desarrollo en esta institución.
Supongo que los funcionarios federales utilizan a los gobiernos estatales para este y, otros tipos de ilícitos, aprovechando la posición que les da su cargo inducen a que otro servidor público fuera del ámbito federal efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí. Aún sea este beneficio marginal otorgado por su investidura NO por ello dejen de ser actos punibles, ni los eximen, como se ha pretendido en este caso. Por ser acto de provincia, lejos del interés periodístico central los funcionarios federales cree que deben recibir ranchos, terrenos, obras de arte, doctorados honoris causa en y de los Estados.
Desde mi punto de vista estos actos son la impronta de la impunidad en el país, que por no corregirse favorecen a instituciones carentes de fiabilidad. Para superar la anomia, la Presidencia de la República y La Secretaria de la Función Pública tuvieron la información antes de que esta forma de corrupción se concretara. No es recomendable que en el año de Hidalgo, algunos funcionarios carguen con doctorados honoris causa, premios nacionales, membresías vitalicias bajo el brazo, solo falta que alguno de ellos se lleve un premio nacional de periodismo.
Ahora la Presidencia de la República y la SFP facultada y responsable de aplicar la ley que el caso requiere, tiene los elementos suficientes para proceder a la destitución en el puesto y/o; a la Inhabilitación temporal para desempeñar cargos en el servicio público al funcionario referido, según la obligación se le dicte. Consummatum est.
Con el respeto y reconocimiento de siempre,
José Gaxiola López. Fundador de El Colegio de Sinaloa.