Blog de Luis Mochán |
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Wed, 01 May 2013 En esta entrada voy a relatar los fragmentos que he podido hilar de una historia curiosa que involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Ministerio Pública, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a dos muchachas veracruzanas señaladas como traficantes de drogas por el mal-llamado detector molecular GT200. En el estado de Veracruz se instruyó una causa penal contra María de Jesús Nieto Domínguez y Laura Cuevas Pineda (de acuerdo al Reforma del 26 de enero de 2013, p. 11). En la causa penal 15/2011-V se asentó que las detuvo un teniente, un sargento segundo y un cabo, todos ellos del tercer batallón de infantería de la SEDENA con residencia en Minatitlán el 23 de febrero de 2011 a las 22:30 en el kilómetro 16.8 de la autopista de Tuxtla Gutiérrez rumbo a Puebla, en un retén militar cercano a Las Choapas. El sargento detectó cocaina en un autobús empleando un detector molecular GT200. El cabo realizó una revisión y halló cuatro kilos de cocaina en dos asientos ocupados por las acusadas, aunque sus boletos correspondían a otros asientos. El GT200 las señaló repetidamente, por lo cual las consignaron, acusadas de transportar clohidrato de cocaina. El 5 de marzo de 2012 la juez decimocuarto de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz (¿Karla Macías?), las absolvió refiriéndose en su sentencia a mi estudio sobre la supuesta teoría de operación del equipo y a mis afirmaciones sobre su ficha documental, la cual adolece de un gran número de errores conceptuales, de frases sin significado, usando lenguaje científico fuera de contexto, cuyas frases con significado son falsas y describen la operación de un equipo que no es compatible con los conocimientos científicos contemporáneos, por lo cual se puede afirmar con certeza que el equipo no funciona como afirma su ficha documental, además de haber fuertes dudas sustentadas en argumentos técnicos de que el equipo funcione para detectar las substancias que pretende detectar, sea cual fuere su mecanismo. La Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita al Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito interpuesto una apelación (Toca Penal 91/2012-VI) en contra de esta sentencia definitiva, pues, al margen de la eficacia del detector molecular, se halló la droga que éste había señalado y estaba bajo el radio de acción de las acusadas, entre otros argumentos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso el 29 de agosto de 2012 para conocer sobre la apelación, pues se está en presencia de un tema novedoso que, por lo mismo, es de interés y trascendencia. El criterio que llegara a emitirse, respecto de la utilización del detector molecular y su admisión como prueba en procesos penales, repercutiría en la solución de casos futuros semejantes (lástima de la palabra futuro; ¿qué habría de los casos pasados?). Recogí la información previa de este documento. Hay varios reportes periodísticos sobre la atracción de este caso, incluyendo esta nota en el Canal Judicial, ésta en El Imparcial, ésta en el Proceso y ésta en la Jornada. Según algunos colegas y documentos que mencionaré más abajo, la SCJN recurrió a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para pedir que se formara un Comité Científico que revisaría al GT200 desde el punto de vista científico. Dicho comité se formó con miembros destacados de la comunidad científica mexicana. En mi opinión, ellos debieron haber estudiado los documentos que ya son públicos sobre la teoría de operación del GT200 y sobre la prueba doble ciego que fue realizada en México en octubre de 2011 (ver este y este documento) y, de ser el caso, avalarlos públicamente, expresando así, por primera vez, una opinión institucional por parte de la comunidad científica mexicana. Sin embargo, los expertos no fueron, en mi opinión, suficientemente proactivos, y esperaron a ser llamados por la SCJN. Por su parte la SCJN decidió hacer nuevos estudios sobre el GT200. Para ello solicitó a la SEDENA un detector molecular al cual se le harían pruebas de caracter científico. La SEDENA no respondió a dicha petición y pidió una prorroga, la cual se le otorgó el 18 de febrero de 2013, de acuerdo al punto 9 de este documento, en que se lee: || Me imagino que la SEDENA nunca entregó el GT200 para ser puesto a prueba por la SCJN con apoyo de la AMC, pues la PGR se desistió del caso. Esto consta en esta página (busque el expediente 1/2012 del ministro JR Cossío y pulse los números donde dice Expediente: 1/2012), en que se lee || Esto dejó a la corte sin caso que juzgar y sin la posibilidad de crear un precedente. Ante este desistimiento, la SCJN notificó el primero de marzo de 2013 a la AMC que ya no sería necesaria la colaboración de sus expertos, como puede constatarse en el punto 4 de este documento, en el cual se lee || Me imagino que las acusadas han de haber quedado libres. No puedo más que especular sobre los motivos que pudo haber tenido la SEDENA para no entregar a la SCJN el GT200 que le fue solicitado, o los que motivaron a la PGR a desistirse del caso. En 2011 la SEDENA rechazó una oferta de la AMC para diseñar un protocolo experimental que podría poner a prueba la eficacia del GT200, pues el contrato comercial de compra-venta se los impedía (esta respuesta fue mostrada ante el Senado el 13 de septiembre de 2011). Me imagino que este argumento no impediría a la SEDENA acatar el requerimiento de un equipo por la SCJN. El otro motivo sería su certeza de que el GT200 sería incapaz de aprobar prueba científica alguna. Por otro lado, la PGR ha de tener también la certeza de que el GT200 no funciona, por lo cual prefirió perder un caso a permitir que la SCJN estableciera un precedente sobre la nula validez probatoria de las lecturas del GT200. A este respecto, vale la pena señalar que hay reportes periodísticos como éste y este otro que señalan que la PGR había prohibido el uso del GT200 hacia finales del 2012. Reciéntemente, en Gran Bretaña se declaró culpable de fraude a Jim McCormick, fabricante del detector molecular ADE651, el cual es esencialmente idéntico al GT200, y lo sentenció a 10 años de carcel. Gary Bolton, fabricante del GT200, será enjuiciado y seguramente será declarado culpable dentro de unas cuantas semanas. Sería muy conveniente que México reaccione con premura prohibiendo de inmediato el uso de estos detectores que han causado injusticias y cientos de muertes en otros paises en los que se han empleado, haciendo caso de la evidencia científica existente, y en base a ésta revisar todas las consignaciones en que se ha empleado este detector para proveer supuestas evidencias, antes de ser forzados por las circunstancias derivadas de los juicios resueltos y próximos a resolverse que sobre esta clase de detectores se llevan a cabo en la Gran Bretaña.
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