DR. WOLF LUIS MOCHAN
BACKAL
CENTRO DE CIENCIAS
FISICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO
Presente
Me estoy permitiendo hacerle llegar la segunda entrega
del artículo escrito por nuestro consejero, Dr. José Luis Morán López, titulado
“Una alternativa de gobernabilidad”, publicado con fecha de hoy, en
la
sección Opinión
del periódico La Crónica de Hoy.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
Luz Elena Cabrera Cuarón
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Consejo Consultivo de
Ciencias de la
Presidencia de la
República (CCC)
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Por:
José
Luis Morán López | Opinión
Miércoles 26 de Marzo de 2008 | Hora de publicación: 02:51
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Una
alternativa de gobernabilidad
En esta segunda nota
sobre el ballotage o segunda vuelta en las elecciones potosinas se comentan las
causas que lo generaron, así como los efectos que tuvo. En el ejercicio que dio
la base para su implementación, participé en forma directa apoyando su
organización, ejecución y cómputo.
Fue en los comicios de 1994 cuando se generó el precedente de lo que
posteriormente sería la segunda vuelta electoral en San Luis Potosí. En ese año
los conflictos políticos después de las votaciones se extendieron a poco más
del 30 por ciento de los municipios de la entidad, siendo uno de éstos el de
Cerritos.
En este lugar, los seguidores del ex sacerdote Alfredo Fernández Moreno,
candidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional (PAN),
objetaron la transparencia de las votaciones rechazando el triunfo de José Luis
Vaglienty, candidato postulado por el PRI —el resultado de las votaciones
fue del 48 y 51 por ciento, respectivamente. El cuestionamiento a la limpieza
de los comicios por los panistas pretendía lograr la anulación del proceso y
como resultado de ello la declaratoria por parte de las autoridades de una
convocatoria para nuevas elecciones.
Como resultado de la radicalización de las protestas en el municipio, el gobierno
del estado, la Cámara de Diputados y los partidos, formalizaron un acuerdo
político el 27 de febrero de 1995, cuyos puntos principales fueron el cese de
las manifestaciones al acordar la organización de una consulta popular
—una doble vuelta— organizada por ciudadanos ajenos al municipio. A
mí se me invitó como miembro de ese grupo y en particular se me encomendó la
elaboración de un algoritmo de cómputo que permitió realizar, en una laptop,
las estadísticas de la votación de una manera rápida y eficaz.
El resultado de la consulta confirmó el fallo que las autoridades electorales
habían emitido meses antes: el triunfo de la planilla presentada por el PRI. Se
confirmaba la limpieza de la elección constitucional en una segunda vuelta no
institucional. Este resultado fue acatado cabalmente por los inconformes y
reconoció la legitimidad del nuevo gobierno municipal, poniendo fin a las
protestas y garantizando con ello el retorno de la gobernabilidad.
La doble vuelta no institucional en Cerritos fue vista como
una solución eficaz para frenar la interminable lista de escenarios de crisis o
déficit de gobernabilidad que se inscribían durante los procesos electorales en
el estado.
Bajo estas circunstancias, en el marco de las discusiones para una nueva
reforma electoral en la segunda mitad del año de 1996, se presentó por parte
del Poder Ejecutivo la propuesta de incluir en la Constitución
Política del Estado y en la Ley Estatal Electoral
el mecanismo de la segunda votación.
El proyecto, según los argumentos presentados en la exposición de motivos de la
iniciativa, era una forma de aportar certidumbre electoral, evitar conflictos
poselectorales, confirmar en caso de duda el mandato inequívoco del pueblo y
consensuar voluntades políticas en escenarios de desacuerdo. Es decir, dotar de
la mayor legitimidad posible a los presidentes municipales que fueran electos
en escenarios de alta competencia política.
La inclusión de la segunda votación en la legislación no fue una medida
solitaria, dado que en la reforma también se incluyeron otros temas con los que
se pretendía cerrar el círculo de la democratización en San Luis Potosí. Se
afinaron las reglas de la competencia política y se consolidaron procedimientos
electorales: plena ciudadanización de los organismos electorales;
redistritación electoral bajo criterios técnicos; incremento del umbral
electoral para la conservación del registro de los partidos; equidad de género
en la postulación de candidatos al Congreso y los ayuntamientos; creación del
Tribunal Estatal Electoral como órgano especializado del Poder Judicial, entre
otras reformas.
Los comicios de 1997 marcaron el inicio de la implementación del primer
ejercicio de segunda votación en las elecciones municipales en San Luis Potosí.
Su reglamentación fue estipulada en el artículo 15 de la Ley Estatal Electoral,
en el que se estableció que se realizaría una segunda votación únicamente
cuando ninguna de las planillas obtuviera más del 50% de los votos totales
válidos emitidos, a excepción de
los siguientes casos: cuando el partido ubicado en primer lugar hubiera
obtenido por lo menos el 45 por ciento de la votación total válida emitida, y
existiera respecto del segundo lugar una diferencia de 15 ó más puntos
porcentuales; o bien, cuando el segundo lugar declinara en su derecho a
participar en nueva jornada.
A fin de evitar gobiernos divididos en los ayuntamientos en los que se
organizara una segunda vuelta, el marco jurídico fue correctamente sincronizado
para ello. En el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre se estipuló que
entre el 29 y el 25 por ciento del total de los integrantes de los
ayuntamientos —dependiendo del tamaño de los municipios—, se
asignaría mediante el principio de representación proporcional, y el resto con
base en el principio de mayoría.
Los resultados de los comicios en la primera vuelta electoral habían mostrado
una nueva realidad, cuyo rasgo distintivo fue la alta competencia política. En
el 28 por ciento de los municipios las diferencias de votación total entre el
primero y el segundo lugar fueron inferiores al 5 por ciento y en el 12 por
ciento se ubicaron en un rango de diferencia de votación de entre 5 y 10 por
ciento. Es decir, en el 40 por ciento del total de los municipios la distancia
en las preferencias, entre los dos primeros partidos, fue inferior a 10 puntos
porcentuales.
Con estos resultados, el Consejo Estatal Electoral convocó a una nueva votación
en 23 municipios. De éstos, 9 están ubicados en el Altiplano, 1 en la Zona Centro, 6 en la Zona Media y 7 en la Huasteca. Además
se incluía a tres de los más poblados: Matehuala, Río Verde y Ciudad Valles,
que en su conjunto agrupan al 14 por ciento de los habitantes del estado.
La segunda votación se dirimió entre 5 partidos. De un total de 23 municipios
en ballotage, el PRI compitió en todos, el PAN en 12, el PRD en 5, el PT en 5,
y el PDM en 1. Es de destacar que debido a la posibilidad de resolver la
elección en una segunda votación, cuando la diferencia en la primera votación
fue muy reducida, no se registró ningún incidente al final de la primera
votación. Uno de los mejores saldos que dejaba la segunda vuelta en San Luis
Potosí era la gobernabilidad.
Finalmente, celebrada la segunda elección el 17 de agosto, los resultados
dieron cuenta de un San Luis Potosí que experimentaba una nueva etapa en su
vida política. La gobernabilidad permanecía sin interrupciones; en toda la
entidad los comicios se habían desarrollado en completa calma y se confirmaba
la pluralidad política registrada en la primera vuelta.
La segunda votación se realizó en las dos elecciones municipales siguientes, en
las que se disminuyó la diferencia de puntos entre el primer y segundo lugar.
Los resultados fueron igualmente satisfactorios.
Sin embargo, esta medida dejó de estar vigente en las elecciones del 2006.
Dentro de los argumentos que se usaron para su eliminación fue el alto costo
económico que representaba la organización de la segunda votación. Los autores
del libro mencionado, sostenemos que su eliminación fue prematura y que debió
de dejarse para aplicarse en casos de excepción.
Como en el caso europeo, esperamos que después de un análisis más profundo se
valore en toda su extensión la ventaja de la segunda votación y se vuelva a
implementar con reglas más afinadas. Después de todo, la tranquilidad y paz
política, situación indispensable para el avance económico y social, justifica
cualquier erogación económica en los procesos electorales.
Finalmente, puedo mencionar que la experiencia vivida en San Luis Potosí puede
usarse para valorar su implementación en los ámbitos federales, discusión que
está ya sobre la mesa de los legisladores.
*Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República
(CCC)
*Investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica,
A.C.
consejo_consultivo_de_ciencias@ccc.gob.mx